Diez años del CES
El Consejo Económico y Social (CES) está conmemorando estos días su X aniversario. A la opinión pública le llegan de vez en cuando informaciones sueltas sobre las opiniones emitidas por esta institución, pese a lo cual siguen siendo bastante desconocidas sus funciones y la eficacia de sus trabajos. Por eso es oportuno comentarlas con ocasión del aniversario.
Lo primero que habría de señalarse es que ni por su composición ni por sus funciones el CES se corresponde con el Consejo previsto en el artículo 131.2 de la Constitución. Ello no desmerece su importancia, pero es bueno saber que la idea de los constituyentes era que existiera un órgano que sirviera a la planificación económica. No ha habido mucho debate sobre las razones por las que esta previsión constitucional ha quedado inédita, aunque parecen obvias. Todo indica que en el contexto de la primera etapa de la transición debió ser una concesión a alguna de las fuerzas de izquierda para favorecer el consenso sobre el texto de nuestra Carta Magna.
El CES existente es un órgano consultivo del Gobierno. Es preceptivo que éste le remita los anteproyectos de ley y de reales decretos que abordan cuestiones de índole socioeconómica y laboral para que emita el correspondiente dictamen. Como los dictámenes, obvio es decirlo, no son vinculantes, podría parecer que su utilidad estaría en función del grado de aceptación que los Gobiernos de turno expresen sobre las opiniones que formula el CES.
Los logros en este aspecto son relativamente modestos, pues si bien es cierto que lo habitual es que el Gobierno recoja algunas de sus sugerencias, la proporción de las mismas respecto del total es muy desigual. También habría que decir que éste y los Gobiernos anteriores actúan con bastante discrecionalidad a la hora de remitir los anteproyectos y proyectos legislativos que, obligadamente, debe enviar. Anteproyectos como los de extranjería o los muy importantes sobre la enseñanza son sólo algunos de los ejemplos del escamoteo al preceptivo dictamen del CES. Por no hablar de la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, cuyo texto sí se remite, aunque, por lo general, en entregas y con tan escaso plazo para emitir dictamen que es difícil efectuar sobre ella un debate serio. Todo esto sin contar que en esta ley cajón de sastre el Gobierno suele a última hora introducirle decenas de nuevos artículos de los que el CES se entera por la prensa.
El reverso de estas insuficiencias lo da el que el CES desarrolla otras funciones muy importantes. La ley le encomienda elaborar una memoria anual sobre el balance de la situación socioeconómica del país. No hay especialista que la conozca que no exprese una opinión positiva de la misma, cuyo valor no es sólo el rigor con que analiza los temas abordados, sino que venga respaldada por una institución donde están presentes las organizaciones más representativas del mundo sindical, empresarial, de las organizaciones agrarias, marítimo-pesqueras, de consumidores y usuarios y de la economía social, además de media docena de expertos de reconocido prestigio.
Tanto o más interesante que lo anterior es otra de sus tareas: la emisión de informes, que realiza tanto a iniciativa propia como por encargo de algún ministerio. El más reciente de los que ha tenido singular eco mediático se ha dedicado a estudiar las razones básicas del retraso en la emancipación de los jóvenes. Su contenido, entre otras cosas, ha venido a reforzar, con datos e ilustraciones, algo muy sentido en nuestra sociedad, como es el escandaloso precio de la vivienda. Y de nuevo hay que recordar que las apreciaciones han sido consensuadas por ese conjunto heterogéneo de fuerzas presentes en el CES.
Otros de los variados informes emitidos lo han sido para determinar las causas que dificultan la movilidad geográfica de los parados, la extensión de la economía irregular y sumergida, el estado de la protección social de la mujer e incluso uno que aborda un asunto casi tabú, el de los efectos que sobre la unidad de mercado y la cohesión social se han derivado del tipo de desarrollo que se ha venido dando a la configuración de nuestro Estado de las autonomías. Valga lo señalado como muestra de las decenas de informes realizados, cuyo denominador común ha sido su sustrato crítico y la demanda de medidas concretas para corregir los problemas detectados. Junto a lo anterior, se realizan diversas publicaciones, entre ellas una amplia y prestigiada edición de libros de autor sobre cuestiones relacionadas con temas inherentes a las tareas del CES. En los últimos años, han cobrado también singular calado iniciativas de cooperación y de acción exterior, muy en especial hacia los países latinoamericanos, cuyo principal objetivo es favorecer en ellos el desarrollo del diálogo social.
Por todo lo dicho cabe concluir que el CES es ciertamente útil. Lo puede ser todavía más si se reflexiona en el potencial que encierra que sea ésta una institución, única en su género, en la que su composición permitiría ahondar mucho más en el estudio y las propuestas frente a problemas sociales, económicos y laborales de gran envergadura e interés, que coadyuvarían a perfilar horizontes concretos de trabajo para el quehacer socioeconómico y político en nuestro país.