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Ley Financiera

Castillejo podrá vetar al PSOE en el consejo de administración de Cajasur

El texto de nuevos estatutos de Cajasur, que fue aprobado de urgencia la semana pasada a propuesta del sacerdote Miguel Castillejo a pesar de la prohibición expresa del obispo de Córdoba, refuerza el poder de la Iglesia y relega la presencia pública, cuyo color político podrá, además, ser discriminado a la hora de integrar el consejo a criterio de la mayoría eclesiástica.

Estos estatutos de adaptación a la Ley Financiera, que deja Cajasur bajo la tutela del Gobierno central con el argumento de que es una caja fundada por la Iglesia, han abierto una guerra jurídica con la Junta, que se resiste a perder la competencia de controlar a la entidad cordobesa.

Ayer, la consejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, denunció 'los intereses ocultos y el pacto oculto' del PP con Cajasur, que le está llevando a 'defender lo indefendible'. Acusó también al Partido Popular de 'azuzar y presionar' mediante la introducción de enmiendas a posteriori a la Ley Financiera con el fin de que la auditora que envió la Junta a inspeccionar Cajasur abandone esta tarea, informa Efe.

Prueba de la pugna de la caja por escapar al control político de la Junta de Andalucía y del PSOE, que se saldará en los tribunales, son los contenidos de los estatutos, que deberán ser refrendados por la asamblea de la entidad el próximo día 28. Magdalena Álvarez dijo ayer que los estatutos vulneran la Lorca y la Ley de Cajas.

Si son refrendados, cada grupo (trabajadores, impositores o corporaciones locales) deberá lograr que la mayoría de la asamblea controlada por la Iglesia apruebe a los representantes a los que, según los propios estatutos, tiene derecho en el consejo. Por ejemplo, el texto reconoce que la Diputación de Córdoba, a la que se le quita su anterior condición de entidad cofundadora de Cajasur, podrá ostentar un vocal en el consejo, pero este representante deberá ser elegido por mayoría absoluta de la asamblea.

Este mismo sistema se aplicará a los representantes del PSOE en las corporaciones locales, que genéricamente tienen reconocidos dos puestos en el consejo de administración. Es decir, la Iglesia elegirá a las personas concretas y también podrá designar, entre los distintos partidos de las corporaciones locales, a aquellos grupos que le sean más proclives aunque no sean los mayoritarios.

'En el supuesto de que no se formulen propuestas (candidaturas) o las que se hagan no cuenten con respaldo suficiente, la asamblea general por mayoría absoluta de los miembros asistentes, a propuesta del presidente, efectuará los oportunos nombramientos dentro de cada uno de los grupos integrantes de la misma'.

Consejo todopoderoso

Lograr la mayoría en la asamblea y en el consejo será misión imposible sin el apoyo de la Iglesia. En la nueva asamblea la Iglesia tiene el 46,6% de sus 120 integrantes (+11,6%), lo que le lleva al borde de una mayoría absoluta que podrá completar cómodamente con el 25% de los impositores o con el cupo del PP por corporaciones locales. Diputación y ayuntamientos pasan del 32,5% al 21,6% en la asamblea, mientras que los trabajadores suben ligeramente y los impositores pierden peso.

En cuanto al consejo, que pasa de 17 a 14 miembros, la Iglesia gana un puesto y se coloca con 7, la Diputación se queda con 1 (tenía 2) y las corporaciones locales rebajan de 4 a 2 sus representantes. Los impositores, que pasan de 4 a 3 vocales, y los trabajadores mantienen 1 puesto.

Además, este nuevo consejo, en donde puede que no estén representados grupos que como el PSOE es mayoritario en los ayuntamientos cordobeses, será todopoderoso tras asumir competencias que ahora son de la asamblea o de la comisión de control.

Este control absoluto del consejo estará en manos del presidente, que seguirá siendo Castillejo, pese al cuestionamiento de la Junta y del propio obispo de Córdoba.

Por otra parte, el nuevo reglamento no sólo no fija topes a las retribuciones de los consejeros, incluido el presidente, sino que permite al consejo 'crear y suprimir cargos' y fijar atribuciones y sueldos.

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