El veto de Luxemburgo
La UE volvió a mostrar ayer su impotencia para avanzar en asuntos que son sensibles para alguno de sus Estados miembros. Los espurios intereses de Luxemburgo, y también de Bélgica y Austria, secuestraron el acuerdo imprescindible de los Quince para adoptar una directiva de armonización fiscal del ahorro, que persigue un objetivo de justicia social tan elemental como que todos los ciudadanos tributen en función de su patrimonio. Esos tres países mantienen un secreto bancario que atrae hacia las arcas de su sector financiero el ahorro de los socios europeos, en detrimento de las respectivas Haciendas y del bienestar del conjunto de la sociedad. Es una competencia desleal que no debe contar con espacio en una unión política, y mucho menos en una unión económica y monetaria, pero que pervive a causa de la cultura del veto que sigue imperando en la UE. Luxemburgo, con 400.000 habitantes y un elevado PIB que se nutre de la evasión fiscal de sus socios, ha bloqueado la voluntad de avanzar de 375 millones de europeos que forman la UE.
Los Quince acordaron el año 2000 poner fin a ese anacronismo fiscal, pero ofrecieron a los tres países en cuestión un largo periodo de gracia (hasta 2011), y cometieron el grave error de supeditar la entrada en vigor de la directiva a que países extracomunitarios, especialmente Suiza, adoptasen medidas similares. La celada de Luxemburgo y sus aliados quedó clara ayer, cuando se negaron a admitir la oferta de Berna para retener un 35% en los intereses de los depósitos de los ciudadanos europeos y colaborar con las autoridades fiscales de los Estados miembros en la persecución del fraude fiscal, que no de la evasión. La oferta de Suiza, por supuesto, no es la apropiada para un país que ocupa plaza en la OCDE, porque debe extender su voluntad de colaboración al menos a todo delito o falta fiscal. Pero resulta aún peor que miembros de la UE se escuden en la postura de un país no comunitario para impedir un avance legislativo imprescindible para los Quince.
El argumento de que puede producirse una fuga de capitales fuera de la UE resulta tan falaz como lo es calificar de inversores a los evasores fiscales que colocan sus ahorros en Luxemburgo. Un bloque económico tan poderoso como la UE no puede supeditar su ordenamiento interno al albur de una negociación con terceros. Ningún Estado legaliza el consumo de ciertas drogas para evitar que los adictos las compren en otro. La UE no debe ceder al chantaje de sanguijuelas fiscales que engordan a costa del vecino.
El Ecofin de ayer tampoco alcanzó un acuerdo sobre la directiva para la armonización de la fiscalidad sobre la energía. En este caso, Alemania se negó a respaldar el texto. Aunque Berlín aduce, con razón, que las decenas de excepciones que contempla la directiva limitan toda ambición armonizadora, lo cierto es que este tropiezo revela igualmente la imposibilidad de mantener el derecho de veto en la UE. Son dificultades que, en 2004, con 25 miembros, pueden convertirse en parálisis.