Las eléctricas se oponen al tope del 2% en la subida de las tarifas hasta 2010

Las eléctricas han expresado su oposición al tope del 2% para los incrementos de tarifas hasta el año 2010 que está contenido en la nueva metodología tarifaria elaborada por el Ministerio de Economía. Esta crítica está incluida dentro del capítulo de alegaciones del informe, preceptivo pero no vinculante, que la Comisión Nacional de la Energía ha elaborado sobre el citado decreto de tarifas. Este documento del organismo regulador de la actividad energética será remitido hoy a Economía para que pueda ser aprobado este año por el Consejo de Ministros.

Y las compañías, pese a que reconocen que el nuevo sistema conlleva significativas ventajas para el sector, presentan otras quejas, peticiones y matizaciones a través del informe que ha sido realizado por su patronal, Unesa.

Así, señalan que no se establece de qué forma se va a determinar la anualidad de los costes de transición a la competencia (CTC). Y además que no se fija 'cómo los agentes que participan en el suministro deben colaborar en el déficit', cuando los ingresos no alcancen para remunerar todas las actividades. Respecto a la revisión de las tarifas también se subraya que no se incluye el índice de precios al consumo (IPC) para determinar la posible insuficiencia de ingresos.

Déficit tarifario

Las eléctricas, además, señalan que las tarifas máximas no deben interferir en la formación de los precios, es decir, en el mercado liberalizado. Estas apreciaciones se repiten respecto a la enmienda que el Gobierno ha elaborado para modificar la ley eléctrica, trámite que es necesario para que la nueva metodología entre en vigor.

En lo que no coinciden las compañías es en valorar el reparto del déficit tarifario reconocido, que ha sido fijado por Economía. El ministerio tuvo que optar por ese sistema al no ser las empresas capaces de pactar su distribución. Endesa, que se queda con el 43,22% del total, admite el reparto fijado, mientras que Iberdrola y Fenosa (que recibirán el 34% y 11,7%, respectivamente), ponen de manifiesto su oposición, ya que, subrayan, no se respeta el sistema de liquidaciones.

Medios consultados aseguran que, según los cálculos que maneja el Gobierno, se producirá un déficit de 180 millones de euros en 2003 con una tarifa aumentada en un 1,65%, tal y como está prevista, y que las recuperaciones (CTC y déficit) sólo se producirán a partir de 2007-2008.

Por su parte, los grandes consumidores de energía en España también han mostrado ciertas discrepancias con el decreto sobre la metodología tarifaria. Así, en la reunión de la comisión consultiva de la CNE de ayer apoyaron la introducción de un apartado que incluya la gestión de la demanda con el fin de garantizar el suministro, según aseguran fuentes consultadas. El objetivo que se pretende conseguir es que las empresas sepan cuándo deben interrumpir el consumo y asegurarse la disponibilidad de energía, aunque sea con un mínimo de garantía, incluso en los momentos de mayor demanda.

Las mismas fuentes afirman que en el informe del Ejecutivo sólo se contemplan los costes en España y no hay referencia a los europeos, un mercado con el que tienen que competir las empresas españolas y con una política diferente en materia tarifaria. Igualmente manifiestan que el modelo marcado por la Administración no asegura 'lo suficiente' a los consumidores.