El FAD, una tarta para pocos invitados
El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), uno de los instrumentos más controvertidos, pero también más eficaces en el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas, marcará este año un nuevo máximo histórico tanto en operaciones aprobadas como en créditos autorizados. Nada menos que 631,1 millones de euros, un 8% más que en 2001, y que permitirán agotar el límite establecido en la Ley de Presupuestos del Estado.
El secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa, adelantaba estas previsiones, con evidente satisfacción, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso el miércoles, basadas en la ejecución real del fondo en los 10 primeros meses, que registra ya 44 operaciones autorizadas por el Consejo de Ministros (sólo dos menos que las aprobadas en todo el año precedente) por un importe global de 486,67 millones euros, equivalentes al 77% del total presupuestado.
Estos resultados son, sin duda, un fiel reflejo de la prioridad que el Gobierno ha dado al FAD en el nuevo Plan de Internacionalización y muestran, además, el esfuerzo realizado para mejorar la gestión del instrumento. Unos avances que, sin embargo, no han sido suficientes para acabar con las críticas de las organizaciones empresariales al destino de los créditos, ni para ampliar el número de empresas que acceden a los mismos.
En efecto, el repaso al listado de beneficiarios de las operaciones FAD autorizadas en Consejo de Ministros durante el primer semestre muestra como, al margen de las instituciones financieras internacionales (IFI), son poco más de una veintena las empresas que aparecen con créditos adjudicados: Indra, Indra Sistemas, Intersalus, Tersa (junto a Expansión Exterior), AGEM, EMEX, Elecnor, Eductrade, Rodman Polyships, Masias Recycling, Icuatro, Edibon, Heymo Ingeniería, ABB, Servicios y Procesos Ambientales, Degremont, Iecsa, Inabensa, Page Ibérica, Izar, BP Solar, Gestagua y CNP Freire.
Nombres y siglas que se repiten también mayoritariamente en los años precedentes, con el resultado de que aproximadamente tres docenas de empresas e instituciones financieras internacionales se reparten anualmente la mitad de los recursos del Estado para apoyar la exportación y las inversiones en el exterior.
China y las IFI
La razón es muy simple. Son muy pocas más las empresas que se deciden a utilizar este instrumento de compleja tramitación, con un ámbito de aplicación geográfico y sectorial muy limitado por las restricciones de la OCDE y de la Ley de Cooperación, y que exige, además, un esfuerzo y una inversión previa para conseguir operaciones que luego la Administración puede someter a concurso con el riesgo de que sea otro el adjudicatario del proyecto.
El margen del Gobierno para modificar estas dificultades es limitado por la reglamentación OCDE sobre financiación concesional. Pero también es cierto que existen posibilidades de actuación como las recogidas por la CEOE en su reciente informe sobre competitividad, instando a 'mantener las dotación del FAD, agilizar su tramitación y compatibilizar su transparencia con los legítimos derechos de las empresas a que se reconozca sus esfuerzos en la promoción de los proyectos en los mercados internacionales'.
Estas propuestas, junto con el aumento de las tasas de liberalidad en la financiación otorgada a los países menos desarrollados y la segregación del FAD de las dotaciones a las IFI, harían, en opinión de la patronal y del Club de Exportadores, más apetecible el instrumento para un mayor número de empresas y aumentarían su eficacia.
Precisamente, las instituciones financieras multinacionales recibirán este año el 23,7% de las disposiciones totales del FAD (149,92 millones de euros), según avanzó Juan Costa en el Congreso. Al margen de las IFI, destacan dos operaciones de buques que han absorbido el 19% del total de aprobaciones por Consejo de Ministros entre enero y octubre; siendo los siguientes sectores en importancia la electricidad y los transportes, con el 15,7% y el 12,7%, respectivamente.
Los principales países receptores en los 10 primeros meses de 2002 han sido China, con el 16% del total; Argelia (13%), Argentina (10%) y Filipinas (9%). La última operación aprobada por el Gobierno tuvo como destinatario a Panamá, país para el que el Gobierno aprobó el pasado viernes un crédito de 931.500 euros para financiar el suministro de equipos de laboratorios universitarios.