Gallardón prohibirá la presencia de altos cargos en el consejo de Caja Madrid

Madrid se ha convertido en la primera comunidad autónoma en ajustarse a los nuevos cambios sobre cajas de ahorros tras la entrada en vigor de la Ley Financiera.

El consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid , que sustituirá a la vigente desde julio de 1992. Entre los aspectos más importantes del nuevo proyecto se está un régimen de incompatibilidades mucho más estricto que el actual, e incluso que el recogido en la ley estatal, para ser miembro del consejo de administración, ya que señala como causa de incompatibilidad de carácter autonómico ¢la condición de miembro electo de las Cortes Generales, Parlamento Europeo, Parlamento de las comunidades autónomas y la condición de alcalde, concejal o alto cargo de cualquier Administración pública¢.

Ahora hay al menos cuatro consejeros de Caja Madrid que tienen cargos públicos. Es el caso de Pedro Bujidos, concejal de Hacienda; Ignacio del Río, concejal de Urbanismo; José Caballero Domínguez, alcalde de Alcobendas, o Mercedes de la Merced, la teniente alcalde. No obstante, Gallardón hará la renovación de los órganos de gobierno a partir del 1 de junio, tras la celebración de las elecciones municipales, por lo que todavía no se conoce la composición que tendrá el consejo cuando esta norma sea aplicable.

El propio presidente de la comunidad autónoma, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó ayer el proyecto de ley y aseguró que ¢el objetivo es elevar la profesionalización de las cajas y reducir la participación de las instituciones políticas¢. Precisó, no obstante, que ¢nunca se ha producido una politización de los órganos de gobierno de Caja Madrid, ni con mi Ejecutivo, ni con el anterior¢. Aunque el proyecto fija en el 33% el tope de representación pública, en la práctica se situará en el 41%, al sumarse la participación que tenía la Casa Real, entidad fundadora de Caja Madrid y cuyo porcentaje de representación (20%) se reparte proporcionalmente entre el resto de los grupos.

Hasta ahora, esta circunstancia hacía que el peso público alcanzase el 55%, por encima del 44% fijado en la Ley de Cajas madrileña anterior (32% para los ayuntamientos y el 12% para la asamblea de Madrid).

El nuevo reparto establece, por tanto, un 41% de representación pública, un 35% para los impositores, y un 10% para los empleados. El 14% restante es para un nuevo sector de representación de intereses sociales y colectivos ligados al desarrollo autonómico en ámbitos como el cultural, científico, cívico, económico y profesional.

El texto aprobado ayer pone un límite de 70 años para ser elegido consejero, tope que no existía en la caja, pero sí recogido en la Ley Financiera.

Además, se fija un periodo máximo de permanencia en el cargo de 12 años, aplicable a todos los miembros de los órganos de gobierno de la caja, distribuidos en dos mandatos de seis años. Hasta ahora los estatutos de la caja fijan unos mandatos de cuatro años, ree-legibles sin límite. Y, como la Ley Financiera, establece la irrevocabilidad de los nombramientos de los cargos, sólo cesables por causas objetivas tasadas.

En el segundo semestre de 2003 deben someterse a ree-lección los consejeros representantes de la asamblea y corporaciones locales, entre los que se encuentra Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, vinculado al PP. Aunque según la redacción de la nueva ley, podrá permanecer en el cargo hasta 2009.