El Gobierno eliminará los controles previos para operar en 'telecos'
El Gobierno aprovechará la redacción de la nueva Ley General de Telecomunicaciones para limitar al máximo los controles administrativos previos a la prestación de servicios de telefonía. El Ejecutivo quiere que la intervención ex ante sea mínima y evitar así un 'corralito administrativo', en palabras del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Carlos López Blanco.
El objetivo es crear 'un marco jurídico que sea flexible y de intervención mínima, en el que se suprima la autorización administrativa y todos los controles previos a la operativa en telecomunicaciones', explicó. Los únicos negocios que seguirán requiriendo licencia son los que utilicen espectro radioeléctrico en su actividad, como son la telefonía móvil, la televisión o la tecnología UMTS.
El resto -telefonía fija, por cable, operadores móviles virtuales, transmisión de datos, reventa de capacidad, etc.- ya no tendrá que pedir una licencia a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para operar, con lo que quedan exentos de todos los derechos y obligaciones que ello conllevaba. A partir de la aprobación de la ley, que se utilizará para trasladar a la regulación española varias directivas comunitarias, bastará con notificar que se está actuando en el mercado.
López Blanco hizo estas declaraciones en unas jornadas sobre el sector organizadas por la APD, en las que avanzó también la implementación de un plan de choque para evitar la destrucción de tejido industrial en España. Con la intención de que el año 2003 no sea un desastre para los fabricantes y suministradores de equipos de telecomunicaciones, el Gobierno pondrá en marcha cinco medidas que elevarán la inversión de los operadores.
Inversiones
Las televisiones digitales y las empresas de móvil volverán a invertir en nuevas tecnologías en 2003 si el acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología llega a buen puerto. A estos desembolsos se unirán los procedentes de la sustitución del actual sistema de telefonía rural por uno que permita el acceso a Internet. Las otras dos medidas dependen directamente del Gobierno. La primera de ellas pasa por un mayor impulso de las Administraciones públicas, mientras que la segunda se basa en el reenfoque de los programas de innovación en telecomunicaciones.
Estas medidas, junto con otras ya tomadas en telefonía fija, el cierre de las negociaciones con las operadoras de móvil para la casi retirada de los avales, la negociación con las televisiones digitales y la promesa de crear un marco jurídico estable forman parte del plan de revitalización de la competencia en telecomunicaciones que el ministro Josep Piqué quiere implantar y que el sector está reclamando desde hace años. Ayer lo reiteraron.
El secretario de Estado intervino en las jornadas de la APD después de que representantes de los fabricantes y de los operadores de fijo y móvil expusieran sus peticiones para dar viabilidad al negocio. Telefónica, Vodafone, Auna, Xfera, Ericsson, Lucent y Alcatel, entre otras, exigieron a la Administración un mayor compromiso con el sector, en forma de incentivos fiscales, inversión directa y cambios legislativos.