Una decisión judicial hace peligrar la reforma bancaria en Turquía
Las dudas de los inversores internacionales sobre la capacidad del Gobierno para llevar adelante la inaplazable reforma del sector bancario se han disparado esta semana. La decisión de un tribunal turco de suspender la absorción por parte de una agencia estatal del banco Pamukbank ha incrementado la incertidumbre. El saneamiento del sector financiero es un punto clave en el acuerdo de 16.000 millones de dólares (una cantidad similar en euros) pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los tribunales atenderán el recurso presentado por los dueños del Pamukbank, que reclaman la devolución de la entidad. La decisión judicial también afecta a los asientos que la entidad poseía en el consejo directivo del grupo financiero Yapi Kredi.
La decisión de los tribunales se produce en el peor momento. Una misión del FMI estará en Turquía el próximo lunes y martes para evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo y aprobar nuevos desembolsos. Por otra parte, el Gobierno de Ankara espera que la UE fije el 12 de diciembre una fecha para iniciar las conversaciones de adhesión a la Unión.
El líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Recep Tayyip Erdogan, presentó ayer en Copenhague un paquete de reformas constitucionales con las que Turquía pretende acercarse a los criterios de la UE. El AKP, de origen islámico, obtuvo 363 de 550 escaños en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Erdogan no puede ejercer cargos políticos al estar condenado por hacer proselitismo islámico cuando era alcalde Estambul. Pero Erdogan actúa de hecho como si fuera el primer ministro y ya ha visitado varios países europeos, España entre ellos, para presentar las reformas del nuevo Gobierno.
El primer ministro, Abdullah Gul, número dos del AKP, intentó desterrar ayer los temores de que su Gobierno impulse una Constitución islámica. El jefe del Ejecutivo prometió que cualquier cambio constitucional 'requerirá el consenso de la gran mayoría de fuerzas políticas y sociales'.
Por su parte, Erdogan transmitió ante el presidente comunitario y primer ministro danés, Anders Rasmussen, las reformas que pretende impulsar la Administración. El representante turco se comprometió a ampliar la libertad de prensa y de religión, a aplicar todas las decisiones del Tribunal Penal Internacional y aseguró que no permitirá la tortura. Tras una contracción del PIB del 7,4%, Turquía espera registrar este año un crecimiento del 2%, insuficiente todavía para impulsar una reacción definitiva de la economía.