La LSSI contradice una directiva comunitaria que no pudo ser incorporada a tiempo, según CyT
El artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) prohibe el envío de comunicaciones publicitarias por medios electrónicos que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por sus destinatarios. Además, el artículo 22 dispone que si el destinatario debiera facilitar su dirección de correo electrónico durante un proceso de contratación o suscripción y el prestador pretendiera utilizarla posteriormente para el envío de comunicaciones comerciales, deberá poner en conocimiento de su cliente esa intención y solicitar su consentimiento para la recepción de dichas comunicaciones.
Sin embargo, el artículo trece de la directiva europea 2002/58 referida al consentimiento expreso en el envío de comunicaciones electrónicas, dispone que cuando una persona obtenga de sus clientes la dirección de correo electrónico en el contexto de la venta de un producto o de un servicio, podrá utilizar dichas señas electrónicas para la venta directa de sus propios productos o servicios de características similares sin su consentimiento expreso, a condición de que se ofrezca la posibilidad de oponerse a dicha utilización.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha justificado esta situación alegando que el artículo de la directiva "no pudo incorporarse a la LSSI por falta de tiempo", según se desprende de los correos electrónicos de respuesta remitidos a diversas empresas por parte de Gema Campillos, de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
La directiva europea fue aprobada el mismo día en que la LSSI se publicó en el BOE y debe ser incorporada al derecho español antes del 31 de octubre del próximo año.
La semana pasada el abogado especialista en Nuevas Tecnologías y autor del libro La Ley de Internet, Carlos Sánchez Almeida, desveló que el Ministerio de Ciencia y Tecnología cambiaría la LSSI para adecuarla a la directiva europea.
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Sin embargo, el director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, González-Echenique ha asegurado hoy, durante la presentación de una campaña institucional sobre la LSSI, que, "en la medida en que por la vía interpretativa ese consentimiento expreso se entienda dado en los términos en los que dice la directiva -cuando exista relación contractual previa -, así habría que interpretarlo y no tendríamos que acudir a una modificación ejecutiva".
En cualquier caso, ha dejado abierta una puerta a futuras modificaciones "si es necesario porque genere inseguridad jurídica". En ese sentido, González-Echenique sugirió que no tiene por qué interpretarse que en la directiva no exista el consentimiento expreso del cliente, "sino que el consentimiento a lo mejor va implícito en otra relación negociada más amplia".