Margen de maniobra en el Presupuesto

Cada año, al llegar estas fechas, me veo involucrada en el proceso de discusión de los presupuestos de empresas con cuya gestión estoy comprometida, bien por tareas ejecutivas directas bien por mi condición de consejera. Ante todo, constato el diferente significado de un presupuesto si se aplica a una empresa productiva o de servicios o cuando se refiere a un organismo público que debe atender y garantizar los derechos universales de los ciudadanos que, como tales, son más que sus clientes.

En el primer caso, el presupuesto es un sistema de previsión que sirve para orientar las actuaciones del próximo año contable en aras a conseguir los objetivos propuestos y buscando naturalmente un beneficio económico. Este instrumento de planificación servirá para analizar periódicamente las desviaciones que puedan producirse y que se consideran peligrosas cuando pueden significar un empeoramiento del margen.

Dicho de otra manera, cualquier aumento de las partidas de gasto debe ir acompañado de uno paralelo en los ingresos. Cuando todo va igual o mejor de lo previsto, el presupuesto es una buena orientación, pero si ocurre lo contrario puede convertirse en una pesadilla que obliga a estudiar seriamente las causas del desfase y a aplicar medidas. Es en esta circunstancia cuando uno se da cuenta del alcance del margen de maniobra del que se dispone.

En las organizaciones públicas, el presupuesto es un compromiso que asumen o deberían asumir todos los empleados, a todos los niveles, ante sus usuarios o clientes, razón por la cual se debe ser más riguroso si cabe que en el sector privado. Sin embargo, mi percepción es que se acaba convirtiendo en una rutina de la que es responsable el departamento correspondiente, a la que todos los demás asisten como espectadores.

Es difícil encontrar la fórmula para involucrar a la organización, sobre todo cuando parece que en los distintos departamentos, áreas, unidades operativas sólo se preocupan por justificar el gasto y acostumbran a considerar el ingreso como responsabilidad que no les corresponde.

La tendencia natural es presupuestar por encima de lo necesario, por si acaso, y pensando que desde la gerencia o la dirección económica ya recortarán. Una práctica perversa consiste en justificar gastos durante los dos últimos meses para tener un colchón de cara al año siguiente. Es lo que muchos economistas hemos bautizado como el mes trece.

La filosofía imperante es que siempre hay una instancia superior, sea el Estado, la comunidad autónoma o los políticos en general, que no proporciona los recursos suficientes para atender las necesidades. Situación que, en muchos casos, es realmente cierta pero que no debería utilizarse como coartada, sino como acicate para mejorar la capacidad de gestión y la buena administración.

No en vano hemos de situarnos en el papel del cliente que paga por el servicio o del ciudadano que aporta su dinero a través de los impuestos y ayudar a demostrarle que se tiene en cuenta su opinión. Hay que estar realmente convencido de que se actúa con rigor para demostrarle que su dinero está siendo bien administrado, sino se cae en el tópico, excesivamente instaurado en nuestros lares, de que lo que importa no es tanto hacerlo bien como prometer que se van a rebajar los impuestos. Mensaje peligroso, en la medida en que comporta la aceptación, por los que lo defienden más acérrimamente, de que todo lo público es necesariamente ineficiente. Es una actitud pesimista e irresponsable cuando es defendida por los que deberían velar por la protección y la calidad del servicio público. El mensaje debiera ser defender unos impuestos más útiles, eficaces, justos y solidarios.

Para superar esta pasividad, hace unos años que en la Universidad Politécnica de Cataluña, de la que soy consejera, hemos empezado a instaurar un nuevo sistema de análisis para identificar el margen de maniobra, es decir dónde radican las decisiones para aplicar mejoras, novedades y ofrecer nuevas perspectivas y cómo pueden financiarse. Esto nos permite hacer hincapié en las acciones que mejor responden a los objetivos políticos definidos por sus responsables.

Si aplicáramos esta filosofía a otras instancias quizás añadiríamos un nuevo ingrediente al debate de los presupuestos por excelencia, que son los del Estado. Para ello, ante todo se debería dar buena información, más completa e inteligible que la actual, y explicar llanamente realidades como que la principal fuente de gasto son precisamente los que se destinan a pagar a los servidores públicos, a los que no se puede mantener desmotivados con sueldos nominalmente congelados, o lo que significa privatizar cuando se ha de subvencionar a la nueva empresa privatizada, o lo que supone endeudarse para que puedan valorar el alcance del pretendido déficit cero, entre otras muchas cosas.

En definitiva se podría aportar una nueva perspectiva para responder a ese 96,8% de ciudadanos que cree que sería posible recibir más prestaciones y servicios por los impuestos que paga, según la encuesta publicada recientemente en el diario El País.