El Gobierno endurecerá las leyes contra la piratería de propiedad intelectual
La piratería supone la pérdida de 100.000 empleos al año en toda Europa. Y si la falsificación de los derechos de autor es importante en todo el continente, en España el fenómeno es especialmente alarmante. Mientras que en Alemania o Francia la falsificación de discos suma el 5% del total, en España la cifra se acerca al 30%.
El crecimiento del fenómeno del fraude contra la creación intelectual ha empezado a hacer sonar las señales de alarma de profesionales y legisladores de toda Europa. También sucede en España donde, según anunció ayer el ministro de Justicia, José María Michavila, se ha comenzado a promover una serie de reformas legislativas con el objetivo de facilitar la lucha contra la piratería.
El ministro de Justicia quiso dejar claro ayer durante la celebración de un congreso sobre Fraude a la creación intelectual, organizado por la SGAE, que el negocio de la falsificación forma parte de las redes de crimen organizado.
Michavila aseguró que son varias las líneas de actuación en las que el Gobierno trabaja para atajar la piratería. En primer lugar, la unificación de la definición del delito de fraude en toda la UE y su inclusión dentro de la euroorden, que debe entrar en vigor antes de 2004. También recordó que se ha modificado un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en concreto, el artículo 282) con el objetivo de que no sea necesaria una denuncia previa para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan actual contra un puesto de venta ilegal en la calle, los conocidos como top manta, y permitirá la incautación inmediata del material.
Pero, sobre todo, destacó la modificación del Código Penal, que supondrá la adaptación de los tipos delictivos a la realidad de las redes de falsificación. Michavila aseguró que tiene intención de presentar 'próximamente' un proyecto que modificará los artículos 127, 271 e introducirá un bis en el 286 del Código Penal que regula las nuevas formas de delito de fraude a la creación intelectual. La intención es introducir como circunstancias agravantes de la pena el uso de menores y la pertenencia a organizaciones delictivas. Asimismo, las reformas del Código Penal perseguirán también el fraude en los mecanismos de acceso a la radiodifusión codificada.
Mejor llamarlo fraude
Durante su intervención, Michavila se mostró en contra de hablar de 'piratería' al hablar de los delitos contra la propiedad intelectual, pues es un término que puede ser interpretado de un modo romántico y puede ser contraproducente. En su lugar aconsejó usar el término fraude, que tiene unas connotaciones más claras y más negativas.
'La lucha contra el fraude', agregó Michavila, 'debe ser un compromiso con un sector, el de la creación intelectual, en el que España es una primera potencia'. Se mostró partidario de explicar al ciudadano que, cuando compra un disco a un top manta no está dando una limosna, sino contribuyendo a la explotación más degradante de un ser humano. Recordó que las redes que atentan contra la creación son las mismas que se encargan de las drogas, el tráfico de armas y la explotación sexual.
Además, el Ministerio de Cultura prepara la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que Michavila aseguró que se aprobará antes de que acabe la presente legislatura.
Por su parte, Teddy Bautista, presidente ejecutivo de la SGAE, aseguró que el fraude de derechos de autor en el campo de la música grabada supone que en España, de cada 100 discos que se venden, 23 son burdas falsificaciones. Bautista señaló que los derechos de autor generan en España unos mil millones de euros, de los que la mitad corresponden a programas informáticos, y una cuarta parte están administrados por la SGAE. El resto corresponde a distintas entidades de gestión. Precisó que al fraude de derechos de autor se están incorporando últimamente los videojuegos y las películas.
Ocho países de la UE quieren adelantar a 2003 la euroorden
El ministro de Justicia, José María Michavila, anunció ayer que la euroorden entrará en vigor el 1 de enero de 2004. Sin embargo, ocho países, entre los que está España, están dispuestos a adelantar la entrada en vigor al primer trimestre de 2003 y así hacer más fácil la lucha contra los delitos contra la propiedad intelectual.El ministro anunció también otras medidas para determinadas conductas criminales, que se integran en las reformas de la Administración de justicia consensuadas con la oposición socialista (juicios rápidos), y contra el crimen organizado, que se desarrollarán en el conjunto de la Unión Europea. En función de la definición del delito de fraude contra la creación intelectual igual para toda la UE y por la inclusión de este delito dentro de la euroorden, las medidas anunciadas por Michavila serán efectivas en gran parte de Europa a partir de abril de 2003. Además, el ministro de Justicia destacó la mejora 'extraordinaria' de la efectividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado (según la SGAE han aumentado los decomisos en un 350% desde el año 2001), aludió a la creación de un observatorio europeo contra este fraude y al desarrollo de las labores conjuntas contra el crimen organizado en la Unión Europea entre magistrados y fiscales (incluidos los españoles). En todo caso, para el responsable de justicia, que recordó que las medidas ahora anunciadas comenzaron a fraguarse en mayo de 2001 durante un encuentro internacional, destacó que junto a la actuación del Estado es necesaria la concienciación ciudadana de que este fraude se integra en el delito organizado. Por parte de las acción institucional, el ministro anunció también que el fraude a la creación intelectual también se combatirá gracias a la puesta en marcha de los juicios rápidos.