EDITORIAL

Ruina en la costa gallega

La catástrofe del petrolero Prestige ha puesto de manifiesto, de manera trágica, el auténtico caos del transporte marítimo de mercancías peligrosas. La falta de control, la inseguridad y el nulo respeto a las reglas son rasgos demasiado habituales en un sector que se cubre bajo banderas de conveniencia y se ampara bajo la vista gorda de determinadas autoridades.

Los acontecimientos de estos días frente a la gallega Costa de la Muerte han puesto de manifiesto las lagunas de las Administraciones a la hora de abordar estos casos. En una lectura española, el Gobierno ha dado muestras de una descoordinación preocupante que, en ocasiones, ha rozado el ridículo. El caso más sangrante lo protagonizó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, al asegurar que el vertido estaba absolutamente controlado cuando el fuel derramado por el Prestige le llegaba a los tobillos.

Cabe esperar que la comisión interministerial creada para analizar el caso y presentar soluciones para los pescadores y mariscadores afectados sea más ágil y rápida. De momento, ayer, su responsable, el vicepresidente Mariano Rajoy, se trasladó a Galicia para observar in situ los efectos del naufragio y hundimiento del petrolero. Aunque la reacción más rápida ha sido de la Xunta de Galicia, que ya ha aprobado las primeras ayudas a los pescadores afectados.

Las casi 10.000 toneladas de fuel, de las 77.000 que tenía en su interior el Prestige, que se han vertido en aguas gallegas van a suponer la ruina para al menos 5.000 familias. Y eso puede ser sólo el principio. Aunque los científicos dicen que la baja temperatura del agua y la presión harán que el fuel que sigue en los restos del buque se solidifique y permanezca en el fondo marino, algunos consideran más que probable que los tanques que lo retienen revienten antes, al no aguantar la presión. En ese caso, la repercusión, tanto económica como medioambiental, de la catástrofe es inimaginable.

El naufragio del Prestige vuelve a poner en primer plano la efectividad de los controles. Tras la catastrófica marea negra por el hundimiento del Erika frente a las costas francesas, en 1999, la Comisión Europea endureció notablemente las normas de inspección. Pero no ha servido para mucho. Hasta julio de 2003 no será obligatorio cumplir las nuevas exigencias, más estrictas. La efectividad de la labor de las entidades clasificadoras, responsables de llevar a cabo ese control, está de nuevo bajo sospecha. Además, el caso reverdece un viejo contencioso de la Comisión con determinados Estados miembros de la UE, especialmente Francia, sobre la incorporación del doble casco a los buques. Las presiones políticas han aplazado hasta 2015 su obligatoriedad, una fecha excesivamente lejana para Bruselas.

La catástrofe del Prestige ha de servir para acabar con estos casos de piratería moderna. Para ello, es imprescindible que las autoridades redoblen el control sobre la seguridad y que los piratas no tengan el apoyo del cliente final.