Dos fondos de compensación para resarcir los daños ecológicos
Galicia ha sufrido cuatro mareas negras en los últimos 20 años. De ellas se recuerda especialmente la penúltima, cuando el 3 de diciembre de 1992 el Mar Egeo encalló frente a la Torre de Hércules de A Coruña, vertió 80.000 toneladas de crudo y ocasionó pérdidas por valor de 138 millones de euros.
Los pescadores y otros perjudicados por estos hechos 'están empezando a liquidar ahora' las indemnizaciones que les debía el Fondo Internacional de Compensación de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), según afirma Manuel González Rodríguez, director del departamento marítimo del despacho de abogados Garrigues.
Fidac es un organismo, con sede en la Organización Marítima Internacional, en Londres, que se nutre básicamente con cuotas de las petroleras, según sus respectivos volúmenes de tráfico de hidrocarburos. Es el principal canal que tiene el Estado para conseguir resarcirse, sólo en parte, de grandes catástrofes marítimas cuando se demuestra que el armador no ha cometido negligencias graves en el manejo de la embarcación o de su carga.
Reclamaciones
Este organismo no se somete a la legislación de seguros, pero dado que tanto las reclamaciones contra la aseguradora del Mar Egeo como contra la del Erika (que naufragó en 1999) han terminado en manos de Fidac, es muy probable que ocurra otro tanto con el caso del Prestige. Este fondo no admite que los daños por pérdidas del mercado y de la biodiversidad marina puedan prolongarse más de dos años.
González explica que 'si se demuestra que hubo una negligencia grave del armador del Prestige' (el griego Mare Shipping), se hará cargo de los daños el Convenio de Londres de Responsabilidad Civil, conocido como CLC y firmado en 1992 por los armadores.
Este experto en derecho internacional asegura que 'los Estados tienen suficientes mecanismos para exigir la responsabilidad' de estos hechos, pero que 'su tramitación es muy larga'. Evitar estas demoras o que queden impunes es lo que, en el entorno de la UE, intenta evitar una propuesta de directiva de responsabilidad ambiental que impulsó el Gobierno español durante la presidencia de turno de la Comisión Europea a principios de año.