Los líderes iberoamericanos reclaman el libre comercio agrícola
El borrador de la Declaración de la XII Cumbre Iberoamericana, que trataban ayer los ministros de Exteriores de los 21 países iberoamericanos, incluidos España y Portugal, propugna 'una reducción progresiva de todas las formas de subsidios que impidan el libre comercio de productos agrícolas y la existencia de mecanismos de intercambio comercial más libres, competitivos y transparentes, conforme a los compromisos adquiridos en Doha'.
Según el acuerdo alcanzado en la capital de Qatar en noviembre del año pasado, los países ricos se comprometían a liberalizar más los mercados y a reducir las trabas a la importación de productos agrícolas, determinantes en las economías latinoamericanas.
Ayer mismo, el presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Enrique García, apuntó en el Foro Eurolatinoamericano de Comunicación, también celebrado en República Dominicana, que entre las causas de la crisis económica en Iberoamérica destacaban el estancamiento de la producción y las exportaciones iberoamericanas.
El presidente de la CAF afirmó que América Latina no tendrá oportunidades de desarrollo si las reglas del juego internacionales no son iguales para todos, 'con simetría y libre acceso a los mercados'. Coincidía así con el ex ministro español de Economía Carlos Solchaga, quien afirmó en el Foro que la política agraria común (PAC) de la UE, que aglutina las ayudas a los agricultores, es 'detestable' y 'lacerante para Iberoamérica'.
El documento que tenían previsto firmar ayer los titulares de Exteriores expresa también el compromiso de intentar una mayor liberalización del comercio que incluya un trato especial para favorecer la integración de los países en desarrollo a la economía mundial.
Otro de los temas que entrarán en el debate será la crisis económica argentina, sobre todo después de que ayer el Gobierno de este país no pagara la totalidad del vencimiento de la deuda contraída con el Banco Mundial.
En un aparente respaldo a Argentina la declaración insta a los países donantes y a las instituciones financieras a tener en cuenta, en la definición de sus programas de asistencia, no sólo los indicadores macroeconómicos, sino también los de desarrollo social y humano.
Además el texto pide una 'solución efectiva, justa y duradera' del problema de la deuda externa y propone alcanzar una 'mejor y más eficaz' integración económica en el proceso de globalización, para lo que asume 'como tarea prioritaria' reducir las diferencias económicas.
Los jefes de Estado y de Gobierno reiterarán su 'enérgico rechazo' al embargo de EE UU sobre Cuba, al igual que renovarán su compromiso con la lucha antiterrorista, lo que implica el fortalecimiento de las legislaciones y la cooperación internacional. En el borrador de la declaración se celebra, además, la entrada en vigor del Tribunal Penal Internacional.