Piqué propone una rebaja del 86% en los avales de las operadoras de UMTS

Los 7.000 millones de euros que las cuatro ganadoras de una licencia de UMTS en España (Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera) tienen depositados como garantía del cumplimiento de los compromisos asumidos en los concursos de concesión pueden reducirse un 85,7%, hasta 1.000 millones de euros, antes de final de año, según informa Europa Press.

El Gobierno se ha plegado a sus exigencias y, en un intento de mejorar la salud financiera del sector, ha enviado a las operadoras a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología una propuesta difícil de rechazar. Las cuatro compañías de telefonía móvil verán rebajados su avales de 7.000 millones de euros a 1.000 millones si se avienen a mantener intactos los compromisos de inversión planteados voluntariamente por cada una de ellas en el concurso de concesión, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al departamento que dirige Josep Piqué.

De esta forma, el Gobierno consigue asegurarse el desarrollo de una tecnología que considera vital para la sociedad de la información, mientras que las operadoras ven aliviada su carga financiera en un momento de crisis generalizada.

La importancia que el ministerio y el Gobierno dan a la tecnología UMTS y su ansia porque España se sitúe entre las primeras en implantarla explican las largas y tensas negociaciones entre los implicados. Piqué no dudó en anunciar desde sus primeros días como cabeza de las telecomunicaciones españolas la flexibilización de los avales para las empresas de cable y de LMDS (telefonía vía radio).

El nuevo móvil, sin embargo, estaba rodeado de reticencias. La primera de ellas se refiere a la capacidad económica de las operadoras de móvil, mucho más saneadas que sus compañeras de cable o LMDS, a pesar del efecto de la crisis del sector; pero la principal objeción era la posibilidad de poner en riesgo el desarrollo de la tecnología. Con la propuesta presentada por el ministerio, las operadoras ven reducidos a la séptima parte sus avales, mientras que el Gobierno se asegura el desarrollo del nuevo móvil, cuyo lanzamiento está previsto para 2004.

Las dificultades que el Gobierno ha esgrimido para aceptar un pacto que suavice los avales de UMTS tienen que ver con las reticencias que puede encontrar en la consulta preceptiva, aunque no vinculante, con el Consejo de Estado. La operación de una licencia de telefonía móvil se apoya en un contrato con el Estado y se rige por una legislación específica cuyo espíritu es difícil de modificar en función de necesidades coyunturales. En caso de que el dictamen del Consejo de Estado fuera negativo a la suavización de las fianzas, el Gobierno no tendría más remedio que aceptarlo, ya que, ante un contencioso judicial, la opinión del Consejo sería definitiva.

Comunicación

Desde que llegó al Ministerio de Ciencia y Tecnología, Piqué ha mantenido una activa política de comunicación en la que el mensaje principal es que está dispuesto a aplicar una política reformista cuyo objetivo es sacar al sector de las telecomunicaciones de la crisis en la que está atrapado.

Desde la intervención que realizó en septiembre en el seminario de Aniel celebrado en Santander, el político catalán ha desgranado una y otra vez sus principales propuestas. La primera de ellas es la congelación de los precios de referencia de Telefónica, con una reforma del price cap que incluya sacar de la cesta la cuota de abono.

En segundo lugar se plantea profundizar la liberalización del último tramo de la red del operador dominante con la introducción del bucle virtual. En tercer lugar, Piqué ofrece una suavización de las cargas que soportan las operadoras de telecomunicaciones en forma de avales para garantizar los compromisos de inversión adquiridos en los concursos de adjudicación de licencias y en el canon impuesto por el uso del espectro radioeléctrico. El cuarto punto de su propuesta plantea la apertura de los contratos de servicios de telecomunicaciones de las Administraciones públicas españolas, de forma que se reduzca la cuota de Telefónica en este negocio para dar cabida a los operadores alternativos. Por último, el ministerio pretende establecer un sistema sancionador de las conductas anticompetitivas en el sector, que no sólo afecte a las empresas sino que castigue también a los directivos.

Hasta la fecha, Piqué sólo había puesto en marcha la reforma de las tarifas de Telefónica. Ahora parece dispuesto a hincarle el diente a otra de las propuestas fundamentales de su programa de reformas.

Una carga pesada a la hora de solicitar créditos y vender activos

Los avales depositados por las operadoras de telecomunicaciones para garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos en las licencias que se han adjudicado no se reflejan ahora en el balance de los accionistas. Se recoge sólo el coste bancario de la fianza (en torno al 0,5% de la cuantía total), así como las contingencias y el riesgo, que se consignan en la información legal adjunta que acompaña la memoria anual. La reivindicación de las empresas para que se eliminen los avales tiene su base, sobre todo, por los problemas que plantea a la hora de pedir nuevos créditos o intentar vender un activo, ya que en los informes que emite el Banco de España los avales se suman a la deuda y multiplican el riesgo empresarial. En los últimos tiempos los auditores tienden a ser más exigentes en el tratamiento de estos riesgos tras el estallido de los escándalos contables en EE UU. Ese endurecimiento puede incluso provocar unas mayores provisiones y un impacto directo en los resultados. Ambas circunstancias dibujan un escenario muy negativo para compañías con significativas necesidades financieras, que tienen que seguir acudiendo a las entidades bancarias. También lo es para los principales accionistas de las operadoras. Auna está participada por Endesa y Fenosa, y ambas empresas tienen por sí mismas deudas financieras que intentan recortar. Endesa cuenta con un endeudamiento superior a los 23.000 millones y Fenosa, de más de 7.500 millones. En el caso de Xfera, con el proyecto de despliegue de la red completamente paralizado y sin perspectiva alguna para dar comienzo a los servicios, el mantenimiento de unas garantías que suman 3.500 millones de euros reflejan con claridad lo absurda que ha llegado a ser la situación. Piqué había alcanzado también un principio de acuerdo para suavizar los avales de las empresas de cable y de LMDS.