El PP impedirá que Martín Villa y Villalonga acudan al Congreso
Rodolfo Martín Villa y Juan Villalonga, ex presidentes de Endesa y Telefónica, respectivamente, no tendrán ocasión de exponer en el Congreso las circunstancias en las que se llevó a cabo la privatización de ambas compañías. El portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, anticipó ayer el rechazo del PP a las solicitudes hechas por el PSOE para escuchar las explicaciones de los dos empresarios, ya que, en su opinión, no tiene sentido abrir en estos momentos una investigación sobre el proceso de privatizaciones.
El rechazo formal del PP a las comparecencias de Martín Villa y Villalonga se producirá en fechas próximas en la Comisión de Economía y Hacienda. Ello demuestra que la aceptación a trámite de ambas solicitudes por parte de la mesa del Congreso, en su reunión del pasado día 22, no fue más que una cesión provisional por parte del PP al calor de la sentencia del Tribunal Constitucional que ampara los derechos de los parlamentarios del PSOE a exigir explicaciones en el Congreso a los gestores de las empresas privatizadas.
De Grandes anunció también que su grupo impedirá las comparecencias de los otros siete empresarios a los que quiere escuchar el primer partido de la oposición, aunque permitirá que rindan cuentas los ministros de Economía, Hacienda, Ciencia y Tecnología, Fomento y Defensa 'en los tiempos y en la forma' en que lo crea oportuno el PP.
Investigar a la SEPI
La portavoz socialista en la Comisión del Tribunal de Cuentas, Maite Costa, pidió ayer el presidente del citado tribunal, Ubaldo Nieto, que fiscalice una por una las operaciones de compraventa realizadas desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a raíz de las irregularidades que refleja el informe sobre la cuenta general del Estado de 1999.
La diputada constata en dicho informe que la Intervención General del Estado anotó como inversiones una deuda del Estado con Renfe de 600.000 millones de pesetas, a pesar de que la compañía realizó su contabilidad de forma correcta.
Costa subrayó otras operaciones supuestamente irregulares, constatables por el Tribunal de Cuentas, como la compra por la SEPI de Astilleros Españoles por 10.000 millones de pesetas por encima de su valor contable y la venta de Astilleros de Santander por 300 millones de pesetas, después de haber saneado la empresa con 3.645 millones.
Según el tribunal, las modificaciones presupuestarias en 1999 alcanzaron 3,4 billones de pesetas, el 12% de los créditos iniciales.