Adiós al IAE
Jordi de Juan i Casadevall defiende la decisión del Gobierno de suprimir el impuesto de actividades económicas (IAE). El autor asegura que la medida no supondrá una merma en la recaudación municipal
Lo prometido es deuda, y los compromisos electorales hay que cumplirlos. Es más, la credibilidad de un proyecto político se mide directamente por su capacidad de cumplir sus promesas. Es el caso del impuesto de actividades económicas (IAE).
En los últimos comicios asumimos el compromiso electoral de suprimir el IAE para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Hoy esta medida, integrada en la reforma global de la financiación local, está negro sobre blanco en el Boletín Oficial de las Cortes y pronto será ley.
El dato es importante no sólo para demostrar que el Gobierno cumple lo que promete, sino también para evidenciar que el principal partido de la oposición practica una política fiscal confusa y errática. De la confusión no nacen ni la coherencia ni los proyectos sólidos ni, por consiguiente, una política fiscal coherente.
En términos de eficiencia, el impuesto que grava las actividades económicas funciona como una traba para éstas
Una vez más tenemos que afirmar que una política fiscal moderna es la que se pone al servicio de los principios de justicia tributaria y eficiencia económica. Y la supresión del IAE para casi un 93% de los contribuyentes gravados por este tributo (2.118.863 contribuyentes beneficiados) responde a este planteamiento.
Del IAE siempre se dijo que era un impuesto injusto y que, como otras figuras que integran la tributación local, su relación con el principio constitucional de capacidad económica era sumamente vaporosa. Es un impuesto que grava el mero ejercicio de una actividad económica y no el resultado económico de dicha actividad. En términos de eficiencia económica, es un impuesto que funciona como una traba fiscal para el ejercicio de actividades productivas. Con la reforma legal en ciernes dejarán de pagarlo la mayoría de pymes y los autónomos, que hoy constituyen la base de nuestro sistema productivo, la principal fuente de generación de riqueza y de creación de empleo en nuestro país.
El ahorro fiscal medio por contribuyente estará en torno a 400 euros, que debe sumarse al ahorro por la reforma del IRPF de un 110% y a las importantes medidas que para el impuesto de sociedades se adoptaron en el pasado ejercicio. Este ahorro fiscal impulsa el consumo, favorece nuestra economía productiva y financia los procesos de inversión empresarial.
El nuevo IAE declara exentas de tributación a todas las personas físicas, es decir, los autónomos, y a las sociedades que tengan un importe neto de la cifra de negocios de 1.000.000 de euros. Por tanto, queda claro que se trata de una medida que beneficia directamente a las pymes y a los autónomos, que constituyen el grueso de los contribuyentes por IAE (93%).
Para el resto de contribuyentes, se racionaliza y moderniza esta figura tributaria. Se exime de pago a los sujetos pasivos que inicien su actividad durante el primer periodo impositivo. Se crea un nuevo coeficiente a aplicar sobre las cuotas de las tarifas en función de la cifra de negocios y se unifican el actual coeficiente municipal y el índice de situación en único coeficiente de situación.
Por tanto, el nuevo IAE, para los pocos contribuyentes que tengan que afrontarlo, será un impuesto más justo en la medida que se tomará en cuenta el elemento cifra de negocios, la capacidad económica efectiva del contribuyente. Completan esta radiografía del nuevo, y residual, IAE la introducción de un nuevo epígrafe específico para los operadores de telefonía móvil y la no penalización de la creación de empleo. En este último aspecto, se suprime el elemento 'número de obreros' como factor determinante de parte de la cuota y se posibilita que los ayuntamientos puedan bonificar la creación de empleo.
A los escépticos, los que practican una política fiscal confusa y errática, los que con la fe del converso dicen que bajar impuestos es de izquierdas, no les gusta la supresión del IAE. En el fondo, no les gusta bajar impuestos a las pymes y a los autónomos porque, en el fondo, pertenecen a la tradición de la voracidad fiscal sin límites.
No es extraño que se hayan alzado algunas voces planteando que la medida supondrá una merma de la recaudación municipal. Nada más lejos de la realidad, porque la desaparición del IAE no se hace a costa de crear otros tributos -es decir, a costa del contribuyente-, o a costa de dejar a los ayuntamientos sin recursos.
La supresión del IAE se incardina dentro de un esquema global de financiación local que introduce la corresponsabilidad fiscal en el ámbito local, prevé la participación en los ingresos tributarios del Estado, establece un Fondo Complementario de Financiación y garantiza con un crédito ampliable en los Presupuestos de 2003 que los ayuntamientos no perderán ni un solo euro con la supresión del IAE. La desaparición del IAE es a costa del propio IAE y en beneficio de los contribuyentes y de la economía productiva.