El Gobierno insiste en computar toda la vida laboral para calcular la pensión
El anuncio lo reiteró ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, en el Congreso ante la comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Camps recordó que esta apuesta por 'el reforzamiento de la contributividad del sistema es uno de los compromisos ya contenidos en el texto del Pacto de Toledo y es hacia donde han ido todos los países de nuestro entorno europeo, luego si es lo que han hecho todos, no será tan malo'.
Sin embargo, el PSOE acusó al Ejecutivo de no haber cuantificado los efectos económicos que tuvo en su día la ampliación de ocho a 15 años del periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión de jubilación. Además, los socialistas advirtieron que volver a ampliar dicho plazo a toda la vida laboral puede provocar un recorte en la prestación de hasta el 20%, según el sistema.
Camps replicó que valorar de antemano que esa apuesta por la contributividad será perjudicial es 'gratuito y carece de rigor, por lo que primero debemos sentarnos a negociar y fijar qué sistema hacer y después calcular sus consecuencias'. En este sentido, recordó que, desde 1996 y medido en términos absolutos, más años para el cálculo de la base reguladora de la pensión han traído como consecuencia pensiones medias hasta un 25% más elevadas.
Camps compareció ayer en el Congreso para dar a conocer el informe que España ha presentado ante la Unión Europea sobre las perspectivas de futuro de su sistema público de pensiones, en cumplimiento de lo acordado en la Cumbre de Laeken.
En dicho estudio, el Ejecutivo pone de relieve que en base a las previsiones demográficas del INE referidas a los dos colectivos que afectan fundamentalmente al sistema de pensiones, el de 20 a 64 años (población potencialmente activa) y el de 65 años o más (pensionistas), hasta el año 2015 el sistema estará equilibrado y será a partir de dicho momento cuando se comenzarán a percibir los efectos del envejecimiento.
Por ello, según el informe, existe un margen de maniobra importante para introducir reformas adicionales a las que se comenzaron a efectuar en 1997, que permitirán alcanzar en el futuro una situación más estable que la prevista en ausencia de reformas. No obstante, Camps, pese a este mensaje tranquilizador, insistió en que dichos trabajos deberán iniciarse en 2003.
Viudedad
Por otra parte, Camps también anunció ayer que la mejora de las pensiones de viudedad y con cargas familiares acordada por Gobierno, CC OO y CEOE-Cepyme en abril del año pasado costará a la Seguridad Social cerca de 1.142 millones de euros entre 2002 y 2004, cuando finaliza la vigencia del llamado pacto de pensiones.
Durante su intervención, el secretario de Estado de la Seguridad Social señaló que el Gobierno está estudiando mejorar la situación de las personas que fueron expulsadas del mercado laboral en malas condiciones y con largas carreras de cotización, antes de la reforma de pensiones. En este punto, Camps no descartó que a estos trabajadores se les pueda aplicar en su pensión los nuevos coeficientes reductores que surgieron del pacto con CC OO y CEOE-Cepyme.
'No podemos tratar igual al señor que salió del mercado laboral con una renta elevada del señor que salió con una indemnización pequeña y sin convenio con la Seguridad Social', añadió.