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Columna
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El despegue de la intermediación laboral

Las recientes decisiones del grupo Volkswagen de ampliar la producción de su planta de Bratislava a costa de congelar la de Martorell, en Barcelona, y de reducir la plantilla en Landaben, en Navarra, han producido enojo, inquietud y preocupación tanto a los posibles perjudicados como a los ciudadanos en general.

Por lo que parece, a los responsables políticos de Cataluña y de España este posible inicio de deserción de la empresa alemana les ha cogido por sorpresa y se han apresurado a movilizarse e intentar dialogar con los altos responsables del grupo para tratar de encontrar soluciones al problema.

Aunque su intervención puede que contribuya a matizar y quitar hierro a la situación coyuntural y se obtenga la promesa de mantener los actuales niveles de producción, no deja de ser cierto que la causa remota radica en la gran diferencia salarial existente entre España y Eslovaquia, concretamente el salario bruto mensual medio en nuestro país es de 1.510 euros, mientras que en Eslovaquia es de 301 euros, es decir una quinta parte. También hay que tener en cuenta que en ese país existe infraestructura y tradición industrial, lo que permite que la reubicación de la actividad sea mucho más fácil que en otros lugares cuyo nivel salarial es similar o inferior.

Esta realidad nos plantea muchos interrogantes, entre ellos el del mantenimiento de la competitividad. ¿Cómo podremos competir los países con salarios de gama alta como el nuestro? La experiencia hasta el presente nos demuestra que las claves económicas de la respuesta son el incremento de la productividad y la flexibilidad laboral. Para obtener productividad necesitamos invertir en infraestructuras e investigación, debemos generar innovación y precisamos dotarnos de buenos sistemas de producción y de organización.

Para flexibilizar el mercado laboral necesitamos aplicar nuevas recetas, como la flexibilidad negociada de la producción, que no hay que confundir con desregulación, y la introducción de sistemas de intermediación en ese mercado. Recetas de flexibilidad negociada las podemos encontrar precisamente en la propia Volkswagen en Alemania, como la introducción de la semana de cuatro días o el llamado proyecto 5.000 por 5.000 que ha permitido crear empleos para desocupados con un horario semanal ampliable y un sueldo inferior al promedio pactado. Ideas que ya ha recogido el actual Gobierno alemán como modelo a aplicar para reducir el paro.

En la propia Seat, desde hace tiempo ya se está negociando la jornada industrial y su adaptación periódica para ajustarse a las demandas del mercado.

Pero la flexibilidad exige nuevos mecanismos que garanticen la existencia de un verdadero mercado amplio y transparente. Los mercados eficientes necesitan organismos de intermediación que faciliten la conjunción entre ofertas y demandas. El mercado de trabajo actual tiene un alcance limitado y local en el que el principal método para encontrar trabajo es la relación bilateral amistosa o familiar y no hay apenas movilidad territorial porque no hay suficiente información.

Hoy en nuestro país la competencia exclusiva de la intermediación la tienen los poderes públicos, excepto en los contratos temporales que se gestionen a través de las ETT. Pero en concreto hay que tener en cuenta que el Inem es más un ente especializado en administrar los recursos del seguro de desempleo que en gestionar ofertas y demandas. Su efectividad es limitada porque el alcance del mercado y el aumento de la movilidad entre empresas puede desbordar su capacidad.

La realidad es que la intermediación laboral existe de forma paralegal, como es el caso de la utilización de las ETT como mecanismo para elegir trabajadores fijos mediante la prueba de la temporalidad que permite despedir hasta encontrar la persona idónea. Otro mecanismo son las bolsas de trabajo de universidades, colegios profesionales, Internet y sindicatos, a los que se están uniendo organizaciones empresariales.

Entre estas últimas destacaría la Federación Española de Entidades y Empresas de Inserción, que ayuda a incorporarse al trabajo a personas con riesgo de inserción, y la Asociación de Transportistas de Lleida que, desde hace pocos días, ha contratado a 60 conductores de camión polacos.

Asimismo añadiría las actuaciones sindicales como la de la Unió de Pagesos en la contratación de mano de obra extranjera para la recogida de fruta y la de CC OO que gestiona el traslado de trabajadores españoles a la vendimia francesa. El ejemplo más curioso que he conocido es el de una multinacional ubicada en Cataluña que ha decidido contratar a un intermediario para que venda las instalaciones, con la actividad y los empleados, a otra empresa en condiciones ventajosas, en vez de optar por cerrar la fábrica y despedir a los trabajadores como han hecho Lear o Fontaneda.

Todos ellos son ejemplos, probablemente incompletos, de cómo una vez más la realidad es tozuda y desborda las previsiones de los legisladores y gestores públicos.

Si en algún momento existían reticencias a potenciar la intermediación, parece que se están superando y que ya ha llegado el momento de demostrar que flexibilizar no significa precarizar el empleo, sino contribuir a solucionar los desajustes laborales del sistema productivo en el que coexisten parados que no encuentran trabajo y empleadores que tienen que acudir al extranjero por no encontrar los trabajadores que precisan.

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