'El Congreso conocerá toda la verdad sobre las privatizaciones'

En la comisión de Industria del Congreso desde 1986, Antonio Cuevas es el diputado del PSOE que mejor ha seguido el proceso de privatizaciones desde su inicio. Ve a su partido con músculo suficiente como para aclarar las operaciones más opacas de este proceso y no oculta sus posibles efectos electorales.

Pregunta. ¿En qué operaciones van a poner la lupa?

Respuesta. Telefónica es la madre de todas las privatizaciones. Por cuestión de eficacia, nos centraremos en aquellas empresas en las que el Estado mantiene la acción de oro. Es lo más operativo.

P. ¿Qué harán si, como es previsible, el PP se opone a la comisión de investigación que han pedido?

R. Con la mayoría absoluta va a intentar impedir que se conozca la verdad. Da igual. En la investigación y en la denuncia de lo que ha ocurrido en el proceso de privatizaciones vamos a llegar hasta el final.

P. ¿Tiene suficiente músculo político su partido para desenterrar un proceso de esta envergadura?

R. Vamos a demostrarlo, aunque haya que recordar que hemos predicado en el desierto durante mucho tiempo. Ocurrió con Argentaria, con Repsol, con Telefónica... En algunos casos nos va a resultar complicado porque ha habido muchas mutaciones.

P. Incluso hay quien confía en el PSOE en destapar casos de financiación ilegal del PP.

R. Todo ha sido bastante oscuro y hay muchísimo dinero en juego que no sabemos dónde ha ido a parar, si al PP o a otras manos más cercanas. Pero todos conocemos a las personas que han estado alrededor de las privatizaciones.

P. ¿A qué nivel situarían las responsabilidades?

R. Aznar es el máximo responsable, sobre el que han pivotado las principales decisiones. Luego vienen Rodrigo Rato y Josep Piqué. Pero los nombramientos más importantes se han hecho desde La Moncloa.

P. El Gobierno les acusa de perseguir sólo móviles electorales.

R. Lo primero es restaurar la verdad y, si lo conseguimos, entonces sí tendría un gran efecto electoral. Hay que subrayar que Aznar ha sido el más beligerante en defender la transparencia.

P. ¿Qué precedentes sienta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional?

R. El fallo repone el derecho de los diputados a ejercer nuestra función, en este caso a saber lo que pasó en Telefónica y Endesa en la etapa de Juan Villalonga y Rodolfo Martín Villa. Esperemos que estas dos comparecencias sean posibles y que sean atendidas las demás que hemos pedido. El Gobierno queda obligado a enviarnos la información sobre los cuadernos de venta de cada operación, los contratos y los expedientes emitidos por la Intervención General del Estado. Se trata de un organismo público y a estas alturas no han llegado al Parlamento. La Mesa del Congreso, en la que tiene mayoría el PP, debe tomar nota de la sentencia y obligar al Gobierno a que nos traslade esa información. En todo caso, si gobernamos este país está claro que el Parlamento terminará por conocer en toda su extensión lo que ha sucedido, porque va a citar aquí a los principales protagonistas.

Próximo enfrentamiento en la Mesa

La oposición volverá a llevar mañana a la Mesa del Congreso la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que abre la puerta a la comparecencia de los presidentes de empresas privatizadas. Ya lo hizo sin éxito en la reunión que el órgano de gobierno de la Cámara baja tuvo el pasado jueves, pero en esta ocasión advierte de que pondrá el grito en el cielo si el PP se mantiene en sus trece. No en vano, el diputado Gabriel Cisneros, ponente constitucional, ha admitido que la Mesa debe revisar los criterios de calificación de algunas iniciativas, a la vista del fallo del máximo intérprete de la Constitución. En opinión de Amparo Rubiales, representante del PSOE en la Mesa, la reconsideración de los criterios que se aplican, por ejemplo, para decidir quién comparece y quién no es obligada porque de lo contrario quedarían vulnerados los derechos de los parlamentarios, según ha reconocido el propio Tribunal Constitucional. Sólo una semana antes de hacerse pública la sentencia, la Mesa del Congreso rechazaba con el voto mayoritario del PP la admisión a trámite de dos preguntas sobre Mercalicante con el argumento de que el Estado sólo conserva el 48% de participación en esta sociedad. Rubiales mantiene que en lo que va de legislatura hay decenas de casos como éste. La opinión del Gobierno quedó clara el viernes, en palabras del vicepresidente Mariano Rajoy, contrario a 'tener permanentemente en el Congreso a todos los presidentes de las grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa'.