El suelo urbanizable disponible permite construir cinco millones de viviendas
Poco o casi nada se sabe de a cuánto asciende el patrimonio público total de suelo, es decir, aquel que está en manos de la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ya que es una información extremadamente delicada de la que todos los responsables públicos guardan secreto absoluto, según denuncian los promotores.
Precisamente, esta situación es la que propicia que desde el Gobierno central se acuse a regiones y municipios de no sacar al mercado con la suficiente celeridad solares urbanizables dispuestos a ser convertidos en urbanizados, como si estas Administraciones fuesen los grandes terratenientes del país. Sin embargo, desde la oposición socialista se sostiene que la mayor parte de los suelos son de propiedad privada y que también el Estado cuenta con terrenos entre su patrimonio.
El problema, como suele ocurrir con demasiada frecuencia, es la falta de datos, tal y como recuerdan el PSOE y las principales asociaciones de constructores y promotores del país. Según un estudio elaborado por el PSOE basándose en todos los planes urbanísticos que se encuentran en la actualidad en proyecto, en España existen ya terrenos calificados como urbanizables para edificar más de cinco millones de viviendas, 800.000 de ellas en Madrid.
'No se puede hablar por tanto de un problema de falta de suelo urbanizable, sino de lo que tardan dichos terrenos en poder comenzar a ser urbanizados', explica la secretaria general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE, Cristina Narbona. Baste como ejemplo que los Planes de Actuación Urbanística (PAU) del Ayuntamiento de Madrid, que han comenzado a ser una realidad hace poco, datan de 1997 y no culminarán hasta dentro de otros dos o tres años, recuerda Narbona. Los promotores también se han quejado históricamente de la excesiva tardanza que impera en el proceso urbanístico, 'unos plazos tan excesivamente largos que sólo generan movimientos especulativos y alzas artificiales de los precios', subrayan desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE).
Y aunque por parte de algunas Administraciones, como el Ayuntamiento de Madrid, se ha intentado recortar los plazos que requieren las licencias, permisos y demás trámites burocráticos, de los tres años que se podía llegar a prolongar a un promedio de 18 meses, esta clase de iniciativas aún no ha dado los frutos deseados. Después de conocerse la pasada semana que los precios de las viviendas nuevas continuaron creciendo en el tercer trimestre del año a un ritmo cercano al 15% interanual, mientras en el mercado de segunda mano el encarecimiento repuntó hasta el 18%, muchas han sido las voces que han reclamado acciones inmediatas para frenar estas subidas que ya han generado una bolsa importante de demanda insolvente que no puede acceder a una vivienda y tampoco cuenta con una oferta competitiva de pisos protegidos.
Expertos consultados por este diario sostienen que sólo con una política fiscal más agresiva en favor del alquiler y con la apuesta de las Administraciones por destinar buena parte de los suelos públicos a vivienda social se podrá frenar la actual espiral de precios. No obstante, los mismos analistas recuerdan que hasta que no se selle un gran pacto estatal será muy difícil avanzar en este sentido, ya que la dependencia que tienen las Administraciones de los recursos que genera el urbanismo, en especial los ayuntamientos, es tal, que con frecuencia la vivienda sólo se emplea como un argumento más de la confrontación política.
De hecho, el problema del suelo y su gestión municipal fue hace meses motivo de un fuerte enfrentamiento entre CiU y el equipo de Gobierno en el Consistorio de Barcelona. Los nacionalistas acusaron al alcalde de haberse desprendido de suelo público en el que se podrían haber construido viviendas valoradas en 150 millones de euros. Además, la coalición recordó que el consistorio había enajenado terrenos por valor de 88 millones desde 1992, con una superficie equivalente a 10 manzanas del Eixample.
Por su parte, desde comunidades y municipios se acusa a la Administración central del Estado de no estar dando ejemplo al tener inmovilizado su propio patrimonio de suelo público. Hace seis meses se constituyó una comisión interministerial formada por los Departamentos de Economía, Hacienda, Fomento, Interior y Defensa, así como por la Secretaría de Estado de Seguridad Social, con el objetivo de preparar, de manera coordinada, la próxima venta de 50 millones de metros cuadrados de suelos urbanos de su propiedad, con los que se ha calculado obtener hasta 1.800 millones de euros en cinco años. Pero ni a petición de este diario, ni vía parlamentaria por las preguntas del PSOE, se han podido conocer detalles del proyecto.