El Defensor del Pueblo denuncia el difícil acceso a la propiedad
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, asegura que las quejas ciudadanas recibidas en la institución ponen de relieve que el acceso a la vivienda para la población con menos recursos económicos es un derecho constitucional de difícil consecución.
Según Múgica, 'como en ejercicios anteriores se ha vuelto a confirmar que las dificultades de acceso a una vivienda es una de las cuestiones que más preocupa a las familias, que deben destinar una importante parte de sus recursos a la adquisición de este bien como consecuencia del incremento constante de su precio'.
El precio de la vivienda se incrementó un 58% entre 1996 y 2001, según reconoció el pasado miércoles en el Congreso el ministro de Fomento, y un 14% en el último año, según los datos hechos públicos por la empresa de tasaciones Tinsa.
Planes sin éxito
El Defensor del Pueblo, en declaraciones a la revista de los aparejadores y arquitectos técnicos Cercha, recordó que los planes estatales de vivienda constituyen unos de los principales instrumentos para que los grupos sociales económicamente más débiles puedan hacer efectivo su derecho a la vivienda digna y adecuada que consagra el artículo 47 de la Constitución. 'Por ello, si no consiguen que se fomente la construcción de viviendas protegidas o no se corrigen los fallos en el mercado de viviendas en alquiler, no puede predicarse el éxito de dichos planes', aseguró.
Múgica afirmó además que la normativa autonómica y local sobre suelo constituye una de las principales causas del encarecimiento de la vivienda. 'Tienen la competencia exclusiva en la materia, lo que les otorga la capacidad de definir su propio modelo urbanístico, y permite que el legislador estatal únicamente fije los criterios de clasificación de suelo', afirma. En el caso concreto de los ayuntamientos, Múgica denunció 'las frecuentes prácticas especulativas que en ocasiones impulsan las propias administraciones locales como forma de financiación'.
Por ello, resaltó la necesidad de que, por un lado, se eliminen algunos de los procedimientos que actualmente utilizan los entes locales para proporcionar ingresos a las arcas municipales a través de la venta del suelo y, por otro, se actúe sobre las haciendas locales con el fin de incrementar las disponibilidades presupuestarias.