Arturo Romaní pedirá el indulto al Gobierno
El ex vicepresidente de Banesto, Arturo Romaní, condenado por la Audiencia Nacional a 13 años y 8 meses de cárcel por un delito de estafa y dos de apropiación indebida en el caso Banesto, prevé solicitar el indulto al Gobierno en 'los próximos días', según su letrado, Fermín Morales.
Romaní, que permanece encarcelado en la prisión de Soto del Real por petición propia para no coincidir con el ex presidente de Banesto Mario Conde, ingresado en Alcalá-Meco, ha optado por esta vía tras desestimar presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra la sentencia.
Su letrado explicó la renuncia a recurrir el fallo, que ha sido ratificado por el Supremo, en su improcedencia, dado que no aprecian infracción de derechos constitucionales en la sentencia. Por otra parte, estimó que sería 'incongruente' recurrir en amparo al Constitucional y solicitar en paralelo el perdón de la condena.
El letrado ultima la documentación para solicitar el indulto a través del Ministerio de Justicia, que lo elevará posteriormente al Gobierno. El Ejecutivo tendrá que solicitar un informe a la Audiencia Nacional, que no es vinculante, y llegado el caso, el indulto tendría que ser aprobado en Consejo de Ministros.
Fermín Morales indicó que en la solicitud destacará el curriculum vitae de Romaní, que, entre otros cargos, llegó a ocupar el de subsecretario de Justicia durante el Gobierno de UCD y tuvo cargos de responsabilidad en el Instituto Nacional de Industria.
Con su petición, Arturo Romaní se sumará a las solicitudes de indulto cursadas también por el ex director general del banco Fernando Garro y el financiero Jacques Hachuel. Este último, junto al ex consejero delegado de Banesto Rafael Pérez Escolar, accedió a la libertad condicional el pasado 20 de septiembre por razones de salud y por haber cumplido los 70 años.
Arturo Romaní es en la actualidad el segundo de los seis condenados en el caso con mayor pena, después de que el Tribunal Supremo elevase de 10 a 20 años de prisión la condena de Mario Conde.
El fallo de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 había impuesto la condena más elevada a Romaní, con 13 años y 8 meses de prisión, seguido por Conde con 10 años. El Tribunal Supremo decidió duplicar a 20 años esta condena por apropiación indebida, estafa y falsedad. Impuso además cuatro años de prisión al financiero francés Jacques Hachuel y al ex consejero delegado Enrique Lasarte (la Audiencia Nacional les había absuelto en marzo de 2000). Asimismo, aumentó la pena de seis a nueve años al ex consejero Rafael Pérez-Escolar.
En la actualidad, sólo Hachuel y Pérez Escolar están en régimen de libertad condicional, mientras que los cuatro restantes condenados permanecen en prisiones madrileñas.