36.000 empresas inexistentes recibieron subvenciones para formación en 2001, según el INEM
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios tiene indicios de que al menos 36.000 empresas de las 228.000 que en 2001 recibieron subvenciones de la Unión Europea para realizar cursos de formación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Forcem) ni siquiera existen, según se desprende de las investigaciones realizadas en el caso por la Brigada de Policía Judicial de Delitos Económicos.
Fuentes jurídicas han calificado el fraude de "incalculable", porque sólo en 2001 se subvencionaron por la Unión Europea en España 159.000 cursos en los que se matricularon 2 millones de alumnos. Estas subvenciones se conceden directamente y después se justifican, por lo que el fraude que se investiga podría variar en cada empresa implicada. Así, en unos casos pueden haber aumentado artificialmente el número de sus alumnos para percibir la ayuda, no haber impartido el curso o que la propia entidad ni siquiera exista y se creara para cobrar la subvención.
El sistema de control de estas ayudas es similar al utilizado con las subvenciones europeas al cultivo del lino, fraude que también se investiga en la Audiencia Nacional. Es decir, se realizan controles del 5% del total de los cursos impartidos. La Brigada de Investigación de la Seguridad Social, de la Policía Nacional, detectó un fraude en el 95% del porcentaje investigado, por lo que la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentada en julio a partir del informe policial estimó la cuantía del fraude en un 15% del total de los 630 millones de euros recibidos de la UE en 2001, lo que asciende a 95,4 millones de euros.
Por este motivo, el grupo policial adscrito a la causa considera que serían necesarios tres años de trabajo para delimitar el fraude en su conjunto, periodo de tiempo en el que el Juzgado Central de Instrucción número 3, en el que recayó la denuncia fiscal, necesitaría ser reforzado para poder seguir atendiendo la demás causas que instruye, entre las que se encuentra Gescartera.
De momento, la Policía entregará un listado de personas con responsabilidad en la causa, a las que la juez tomará declaración como imputadas. En la denuncia presentada en julio por la Fiscalía, por los delitos de fraude a los intereses de la Unión Europea, apropiación indebida y falsificación documental, se pedía que declararan unas 50 personas, la mayoría sindicalistas o empresarios, en principio en calidad de testigos.