El Supremo admite las dos demandas que activan el proceso para ilegalizar Batasuna
La Sala Especial del Tribunal Supremo, encargada de los procesos de ilegalización de partidos políticos, admitió ayer a trámite las demandas presentadas el pasado 3 de septiembre por el Gobierno y la Fiscalía General del Estado contra Batasuna, HB y Euskal Herritarrok, a las que acusan de haber violado la vigente Ley de Partidos por su connivencia con ETA, informa Europa Press.
El pleno de la sala ha trasladado las demandas y los documentos que las acompañan a Batasuna, que dispone de 20 días de plazo para contestar las mismas. Este emplazamiento no afecta a HB y EH, ya que aún no están personados en el proceso.
La admisión a trámite pone en marcha un proceso que finalizará con la sentencia definitiva en el plazo aproximado de entre tres y seis meses.
Tras el periodo de 20 días dado a Batasuna para la contestación, se abrirá un proceso de práctica de pruebas, sobre el que a su vez se darán plazos sucesivos de 20 días a cada una de las partes para alegaciones. El proceso quedará entonces concluso para sentencia, que deberá dictarse en 20 días.
La sentencia del Tribunal Supremo podrá ser recurrida en amparo al Tribunal Constitucional, aunque se ejecutará desde el momento de su notificación. El último recurso de un partido ilegalizado será acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Por otro lado, el pleno admitió a trámite la recusación planteada por Batasuna contra la magistrada de la sala Milagros Calvo Ibarlucea, a quien la coalición aberzale achaca interés en la causa por participar en una rueda de prensa celebrada el pasado mes de agosto donde se apoyó el inicio del proceso de ilegalización.
Los 16 magistrados del Tribunal Supremo que forman la Sala Especial son su presidente, Francisco Hernando; los presidentes de sus cinco salas, Ignacio Sierra, Luis Román Puerta, Ángel Rodríguez, Luis Gil y José María Ruiz-Jarabo; los magistrados más antiguos de cada una de ellas, Alfonso Villagómez, Enrique Bacigalupo, Pedro Antonio Mateos, Aurelio Desdentado y Fernando Pérez Esteban, y los cinco más modernos, Francisco Marín, José Manuel Maza, Agustín Puente, Milagros Calvo y Agustín Corrales.
Por otra parte, la Audiencia Nacional avaló ayer las investigaciones del juez Baltasar Garzón sobre Batasuna al confirmar la responsabilidad civil solidaria de la coalición aberzale respecto de los daños por importe de 24 millones de euros causados por miembros de la rama juvenil de ETA en acciones de violencia callejera.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de este tribunal confirma la existencia de 'indicios racionales (...) de que Segi y sus antecesoras, como Batasuna y las suyas, están integrados en una misma organización que es ETA-Militar'.
La resolución recoge un listado hasta de 46 acciones de violencia callejera registradas con ocasión de diversas convocatorias realizadas por Segi entre julio de 2001, un mes después de que esta organización sucediera a la ilegalizada Haika, y febrero de 2002, informa Efe.