Los ex trabajadores de Sintel decidirán mañana un nuevo plan de movilizaciones

Más de 1.500 antiguos trabajadores de Sintel han sido convocados a una asamblea general mañana en Madrid con el fin de debatir y aprobar un nuevo plan de movilizaciones, ya que ­sostienen- el Gobierno no ha cumplido el acuerdo suscrito en agosto del pasado año, que supuso el levantamiento del Campamento de la esperanza. Por el momento, descartan una nueva acampada.

El que fuera presidente del comité intercentros y actual responsable de la asociación de ex trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, ha explicado que los antiguos empleados de la compañía de telecomunicaciones "no han recibido ni una sola oferta de recolocación". Además, acusa al Gobierno y a Telefónica de haber "bloqueado el proyecto" de la compañía rusa Televik, que anunció su intención de reflotar Sintel siempre que la operadora le garantizara carga de trabajo.

Jiménez ha manifestado que más de 14 meses después de la firma del acuerdo con el Gobierno, lo único que se ha cumplido ha sido el plan de prejubilaciones, del que se han beneficiado unas 470 personas. El resto de trabajadores de la compañía, cerca de 1.100, sigue en paro, cobrando las prestaciones por desempleo. Sin embargo, Jiménez advierte de que el subsidio se acabará e mayo para los aproximadamente 500 empleados despedidos en el primer expediente de regulación de empleo de 2001.

Desde la Administración no se comparte esta visión y se recuerda que el pasado año Telefónica y empresas de su entorno presentaron centenares de ofertas a los ex trabajadores de Sintel, que quedaron sin respuesta. Gobierno y los sindicatos CC.OO. y UGT han criticado repetidas veces que los trabajadores de Sintel no han aceptado las recolocaciones, ya que esperaban que se concretara la oferta de Televik, a la que no concedían mayor credibilidad.

Sintel, antigua filial de Telefónica, fue vendida en 1996 a la compañía Mas Tec, propiedad de la familia del empresario cubano Mas Canosa. Los problemas se multiplicaron desde entonces y llevaron a la empresa a la suspensión de pagos en julio de 2000 y a la declaración de quiebra en 2001. Más de un millar de trabajadores de la compañía permanecieron acampados en el Paseo de la Castellana de Madrid durante seis meses, hasta agosto de 2001, para reivindicar el pago de las nóminas atrasadas y exigir una solución a la crisis de la compañía.