Sintel, el conflicto de nunca acabar
No prevén, por ahora, volver a acampar en la Castellana, y es dudoso que se lo permitieran esta vez. Se preparan para retomar sus protestas este otoño. Un año después del acuerdo que permitió levantar el campamento de la City madrileña, el conflicto de Sintel sigue sin resolverse, atascado en las posturas irreconciliables de los ex trabajadores y una desconocida empresa rusa, por un lado, y el Gobierno, Telefónica y las centrales sindicales, por el otro.
De los 1.800 empleados que formaban la plantilla de Sintel cuando la antigua filial de Telefónica suspendió pagos en julio de 2000, unos 470 se han acogido a prejubilaciones, casi la única de las medidas previstas que pudo ponerse en marcha. Unos 1.200 están en paro, cobrando el seguro desde que el 31 de julio de 2001 se dieron por extinguidos sus contratos, y empeñados en seguir trabajando juntos. Sólo unas 60 personas, por su cuenta, se han incorporado a otros empleos.
Los empleados de Sintel cierran filas en torno a su líder sindical, Adolfo Jiménez, perteneciente al sector crítico de CC OO, quien les ha convencido de que hay futuro para todos con Televik, una empresa rusa que se ofreció a reflotar Sintel a cambio de que Telefónica le garantice pedidos por 450 millones de euros en tres años.
'Lo que queremos es estar todos en un proyecto único. Aznar tendrá que explicar cómo se permite el lujo de rechazar ofertas de inversión y empleo como ésta', dice Jiménez, antes presidente del comité y ahora de la asociación de ex trabajadores. 'En septiembre nos reuniremos en Madrid y en octubre vamos a armar un gran follón. Va a ser la primera vez que los parados se organizan en este país', afirma.
Pero la oferta de Televik es 'un pufo' para el secretario general de CC OO, José María Fidalgo, 'inviable' según Telefónica y 'carente de proyecto' en opinión del Ministerio de Trabajo. En estas instancias se responde que la carga de trabajo que exige Televik habría que quitársela a otras empresas, la mayoría españolas, y que el grupo ruso no dio garantía alguna de que pudiera invertir los 90 millones de euros que prometía.
Las partes se acusan mutuamente de haber incumplido los acuerdos que permitieron levantar el campamento de la esperanza el 4 de agosto de 2001, antes de que apareciera en escena Televik.
Según aquel pacto, alcanzado tras 187 días de acampada, el Gobierno se comprometía a agilizar salarios atrasados y prejubilaciones, mientras que Telefónica pondría su parte propiciando la recolocación de 800 personas en sus empresas contratistas. El texto aludía a la búsqueda de 'otras alternativas de empleo' sin detallar.
En Telefónica se sostiene que más de 770 ofertas de empleo a empleados de Sintel fueron 'sistemáticamente rechazadas'. Jiménez niega la mayor y replica que no hubo ofertas: 'Algunas empresas, para quedar bien, hicieron el paripé de entrevistar a algunos de nosotros sin intención de contratar a nadie'. Fuentes sindicales dan otra versión, la de que las ofertas no cuajaron por su baja remuneración, inferior a los salarios de Sintel y no superiores al seguro de paro.
Las instituciones implicadas dan por cumplida su parte ante la 'intransigencia' de los ex empleados. El responsable del Metal de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, señala que el compromiso de su sindicato termina en gestionar las prejubilaciones. 'Damos el tema por cerrado', dice Toxo, para quien rechazar un empleo es 'un problema individual' de cada uno. En la misma línea, Telefónica considera que las ofertas de empleo expiraron el pasado mes de marzo.
Mientras tanto, el proceso de liquidación sigue su lento recorrido por los tribunales y el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz de Polanco investiga posibles responsabilidades penales. El magistrado prevé interrogar en Florida a los hermanos Mas Canosa por la supuesta descapitalización de Sintel a través de Mas Tec Internacional, la empresa que compró la filial de Telefónica en abril de 1996. En la Audiencia también espera una querella de los trabajadores contra los consejeros de Telefónica en 1998, entre ellos Juan Villalonga y César Alierta, acusados de obligar a Sintel a avalar deudas de Mas Tec.
Demasiados frentes abiertos. Incluso si se soluciona el problema social, lo que por ahora parece lejano, el caso Sintel seguirá dando que hablar durante meses. O años.