Empresas en recesión
El fuerte crecimiento de las quiebras y suspensiones de pagos empresariales, tanto a escala mundial como en España, que muestran los informes de riesgo de las grandes aseguradoras en el primer semestre es el reflejo en la economía real de la negativa evolución de las principales economías. Pero con el impacto añadido de que los datos abstractos empiezan a concretarse en negocios con nombre y apellidos que se hunden y en puestos de trabajo que se pierden. Y todo ello en un contexto generalizado de derrumbamiento de la confianza de empresarios y consumidores, ante la ausencia de impulsos económicos claros en los países desarrollados y con los riesgos financieros y políticos que amenazan a los mercados emergentes en el corto plazo.
Más de 70.000 declaraciones de insolvencia entre las empresas de las cuatro grandes economías del mundo -EE UU, Japón, Alemania y Francia- en un solo semestre y casi 400.000 empleos destruidos sólo entre las diez mayores quiebras por volumen de negocio son magnitudes lo suficientemente alarmantes. Tanto como para plantearse la posibilidad de que el problema coyuntural derivado de los atentados del 11 de septiembre se esté convirtiendo en estructural. Un problema cuyas consecuencias más inmediatas han sido el desinflamiento de la nueva economía como motor y modelo del crecimiento y el desmoronamiento de los mercados bursátiles ante la desconfianza de los inversores.
Cinco son las causas que apuntan los expertos para explicar este crecimiento de las bancarrotas y de la morosidad empresarial: la ausencia de referentes económicos y el impacto psicológico global producido por el 11 de septiembre, las nuevas ratios para la solvencia del sistema financiero fijados en Basilea II y sus efectos sobre la restricción del crédito, la generalización de las políticas de salarios bajos, el escaso margen de endeudamiento de las empresas y los errores de gestión de índole diversa.
De los cinco, sólo el último es universal. Los otros cuatro se enmarcan en el nuevo escenario internacional derivado de los graves sucesos de hace un año en EE UU. Aquellos hechos sirvieron para que Gobiernos, agentes económicos y ciudadanos tomaran conciencia de una recesión que había comenzado meses antes y que se convirtió en el hito que marcaba el final de la década fabulosa de los noventa.
La persistencia de todos estos factores en la recta final de 2002 y, lo que es más grave, la desorientación general sobre los nuevos referentes capaces de liderar un cambio de ciclo hacen que las previsiones a corto y medio plazo apunten sólo a una moderación en la evolución alcista de las situaciones de insolvencia entre las empresas. Y ello dentro de un marco global de crecimientos mínimos en las economías desarrolladas, condicionado además a un optimista escenario de ausencia de conflictos bélicos o tensiones diplomáticas que puedan derivar en un hundimiento del consumo.
En el caso de España, la espectacularidad del aumento relativo en el número de quiebras y suspensiones de pagos -un 50% entre enero y junio- se produce sobre cifras absolutas todavía pequeñas. Es algo que convienen recordar, así como que las 435 situaciones de insolvencia apenas tienen parangón con las 22.979 de Francia, las 18.500 de Alemania o las más de 3.000 de Bélgica y de Holanda.
A pesar de estos matices, sin embargo, conviene no lanzar campanas al vuelo ni repetir, también aquí, el estribillo de 'estamos mejor que nuestros socios europeos', tan de moda en el Gobierno.
Primero, porque ni la situación de partida ni el tamaño de nuestras empresas es aún comparable al de los dos grandes de la Unión Europea. En segundo lugar, pero no menos importante, porque la fiabilidad de los datos está seriamente cuestionada por la lentitud y el coste de los procesos de quiebra para los empresarios españoles, algo que hace que, todavía hoy y asombrosamente, muchos prefieran resolverlas fuera del marco jurídico.