El Gobierno interfiere en la televisión
Dos propuestas legislativas del Partido Popular, ambas incorporadas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, van a cambiar drásticamente el panorama del negocio de la televisión en España. Los cambios han provocado la inquietud de consumidores y partidos de la oposición, pero han generado buenas expectativas en el sector.
La primera de las medidas se conoció el pasado viernes, cuando Mariano Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno, desvelaba la intención del Ejecutivo de proceder a eliminar la limitación legal que tienen los accionistas de las empresas de televisión de no poder controlar más allá del 49% del capital.
La modificación prevista no fijará limitación alguna, por lo que a partir de su aprobación un solo accionista podría llegar a tener el 100% de la empresa.
La medida, que fue duramente criticada por los partidos políticos de la oposición y por las organizaciones de consumidores que la calificaban como una forma de romper la pluralidad informativa en las televisiones y la acusaban de imitar el modelo de Berlusconi en Italia, permite dar una vía de solución a la definitiva clarificación de los accionariados de dos grandes cadenas españolas de televisión privada: Tele 5 y Antena 3. Los propietarios de la primera, el grupo italiano Mediaset y el grupo Correo, verán enormemente simplificada su labor actual de búsqueda de un accionista estable con el que repartir el 25% de la compañía, hasta ahora propiedad del grupo alemán Kirch y desde el pasado mes de septiembre en poder del germano Dresdner Bank.
Una vez que se apruebe la modificación, el grupo Correo y Mediaset podrán adquirir directamente el paquete sin necesidad de acudir a accionistas de perfil financiero.
El mismo tratamiento podrán dar al paquete aparcado en el fondo holandés Ice Finance, que compró el 10% que poseía Planeta. Idéntico margen de maniobra tendrá ahora Telefónica para fortalecer su posición en Antena 3 de cara a la anunciada salida a Bolsa de la compañía de televisión.
Sólo cuatro días después de que Rajoy desvelará la intención del Gobierno, el Partido Popular anunciaba su intención de presentar una enmienda en la Ley de Acompañamiento que permitirá de facto la integración de las emisoras locales de televisión y posibilitará que puedan operar como cadena.
La modificación otorgará a la Administración General del Estado plena capacidad para autorizar la formación de cadenas y la emisión en cadena en ámbitos supraautonómicos.
Con esta modificación se acabará con el vacío normativo con el que hasta ahora se habían movido empresas como Localia, controlada por el grupo Prisa, editor de Cinco Días, o las emisoras de televisión local ligadas al grupo Correo.
El Gobierno también ha mostrado su voluntad de redactar un plan técnico para la asignación de frecuencias a las emisoras de televisión local que, aún estando reconocidas en la Ley de 1995, han estado funcionando como emisoras alegales al ocupar lugares en el espacio radioeléctrico de forma espontánea y sin un plan previo de asignación ordenada. Esta ocupación de espectro ha producido en diversas ocasiones interferencias sobre las señales de televisión de ámbitos autonómicos y nacionales.
Operaciones en curso
De momento, las modificaciones legales futuras del sector se quedan aquí. El Partido Popular ha optado por no entrar en uno de los temas que previsiblemente más polémica levantaría; permitir que un mismo accionista pueda permanecer en el capital de dos empresas de televisión, algo expresamente prohibido bajo la legislación actual.
Estas iniciativas, que tendrán reflejo normativo, coinciden con otras tres operaciones cuyo resultado tendrá una gran trascendencia en el rediseño del sector en los próximos tiempos.
Se trata del proyecto de fusión de las plataformas de televisión digital por satélite, Canal Satélite Digital y Vía Digital, de la fusión de las empresas de cable de Auna, entre ellas y con Retevisión (así como de las negociaciones para la unión con Ono) y, finalmente, de la consolidación o no del proyecto de difusión de señales por ADSL de Telefónica, conocido como Imagenio. Por su parte, el Ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, ha aludido en distintas ocasiones a la necesidad de reasignar las frecuencias de la desaparecida plataforma Quiero TV entre los nuevos canales de televisión digital terrestre de TVE, Antena 3, Tele 5 y Canal +.
Las exclusivas deportivas se dirimen en los juzgados
En paralelo a las modificaciones legales que se aplicarán en el ámbito de la organización societaria de las cadenas de televisión, se ha producido también un significativo cambio en lo que respecta al tratamiento en exclusiva de derechos deportivos. Así, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid desestimó la pasada semana una demanda de RTVE contra Tele 5 por la emisión de imágenes de la los Juegos Olímpicos de Sidney en uno de sus informativos y la tildaba de ejercer prácticas de abuso de posición dominante. De un espíritu similar participa la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de Primera Instancia de la Unión Europea que anuló el pasado martes la decisión comunitaria de autorizar los acuerdos de la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) -ente en el participa RTVE- para adquirir los derechos de cobertura televisiva de los principales acontecimientos deportivos y vender después los derechos en exclusiva las mismas televisiones que integran su organización.Tanto Antena 3 como Tele 5, unidos a la cadena francesa M6 y a la portuguesa SIC, impugnaron este sistema, por considerar que restringía el acceso de terceros a la subcontratación de derechos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda la demanda y, aunque reconoce el derecho de la UER a adquirir de modo conjunto los derechos de retransmisión, asegura que este régimen impide que el resto de las cadenas de televisión que no forman parte de la organización puedan emitir en directo estos acontecimientos deportivos, limitando su actuación a la emisión en diferido.