Cepyme exige que para pagar el IAE la facturación sea al menos de 2 millones
Nunca llueve a gusto de todos. Tan sólo un día después de que el Gobierno hiciera pública su propuesta de reforma del impuesto de actividades económicas (IAE), en el que se contempla la exención para los autónomos y la mayoría de las sociedades, ya han surgido las primeras críticas desde el mismo empresariado.
La razón fundamental se encuentra en el límite impuesto (menos de un millón de euros de facturación anual) para que una empresa deje de tributar por el IAE. El Ministerio de Hacienda calcula que ello permitirá sacar del impuesto a 2,1 millones de pequeñas empresas.
Sin embargo, otras 250.000 empresas de mayor tamaño no sólo no quedarán exentas, sino que, además, pueden acabar pagando hasta un 35% más, según se estipula en el borrador del proyecto de Ley de Reforma de las Haciendas Locales, que aprobará el Gobierno este viernes. Fuentes de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) han expresado a este diario su malestar por la decisión del Gobierno, que deja fuera a una parte importante de lo que se considera pyme (a efectos fiscales, por debajo de cinco millones de euros de cifra de negocio). 'El límite para tributar lo deberían haber puesto como mínimo a partir de dos millones de euros de facturación', indicaron, recalcando la conveniencia de haber utilizado otros baremos, como el de los beneficios antes de impuestos.
Otras fuentes patronales son, incluso, más exigentes. Desde la Confederación Española del Comercio (CEC) se exigió ayer la desaparición total del impuesto o, al menos, que se utilice el criterio de pyme a escala europea, que incluye a las empresas que facturan por debajo de tres millones de euros. La CEC muestra su temor también de que la supresión parcial del IAE suponga un incremento de la presión fiscal para los pequeños comerciantes a través de otros impuestos como el IRPF, el impuesto de bienes inmueble (IBI).
Desde el Gobierno ayer se intentó quitar hierro al asunto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, indicó que los contribuyentes que se vean obligados a seguir pagando el IAE tendrán que hacer frente, en su opinión, a un 'aumento moderado' del mismo en 2003, dado que también se van a aprobar bonificaciones parciales, entre otras, por creación de empleo y por constitución de nuevas empresas. 'No estamos pidiendo un esfuerzo realmente grande', dijo, recordando que en los dos últimos años el Gobierno ha aprobado fuertes incentivos fiscales para las grandes empresas, como un nuevo régimen de plusvalías (reducción al 18% de la tributación a cambio de reinversión) y bonificaciones a la innovación tecnológica.
Con incentivos o sin ellos, las pymes de mayor tamaño y las grandes empresas están muy preocupadas. Por el momento, el Gobierno no ha hecho público qué parte del coste del IAE lo pagará el Estado, a través de los Presupuestos Generales, y qué parte se financiará con incremento de tributación de las empresas, no sólo en el IAE, sino en otros tributos.
El Ejecutivo ya ha anunciado que actualizará la tasa por el uso del dominio público local (1,5% de la facturación), que pagan empresas de servicios, como las gasísticas, eléctricas y de telecomunicaciones. Las que se dedican a la telefonía móvil contarán con un régimen específico en el IAE, que, ya han anunciado, 'les penaliza en exceso'.
Por otro lado, falta por ultimar el modelo de financiación local, en fase de negociación con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). El secretario general de Haciendas Territoriales, Antonio Beteta, aseguró ayer que los municipios no tendrán que subir impuestos para asegurar su financiación y que gozarán de tres meses de plazo (de enero a marzo de 2003) para adaptar sus ordenanzas a la nueva Ley de Haciendas Locales.