Las grandes empresas pagarán por el nuevo IAE hasta un 35% más
El Gobierno ya tiene perfilada la esperada reforma del impuesto de actividades económicas (IAE). Será incluida en el nuevo modelo de financiación local, que entrará en vigor en 2003 y que será aprobado el próximo viernes en el Consejo de Ministros.
El caballo de batalla era cómo hacer frente a la supresión del impuesto para la mayor parte de las pymes (promesa electoral de José María Aznar) y, al mismo tiempo, compensar a las corporaciones locales por la pérdida de ingresos que ello representa, con un tributo cuya recaudación se acerca a los 1.800 millones de euros anuales (300.000 millones de pesetas). La fórmula elegida es doble. Por un lado, el Estado compensará a los municipios vía presupuestos de parte de esta pérdida recaudatoria. Desde el Ministerio de Hacienda aún se están haciendo los cálculos, pero en principio se parte de una cantidad inferior a los 900 millones de euros, que se descontaría el próximo año del fondo de contingencia para circunstancias especiales.
Por otro lado, el Ejecutivo confía en que sean las grandes empresas las que seguirán pagando el IAE, las que contribuyan mediante un incremento sustantivo con respecto a lo que estaban tributando hasta ahora.
El listón lo ha colocado el Gobierno en un volumen de facturación de un millón de euros. Por debajo de este listón, se estará exento de pagar el IAE. Ello afectará al 92% de los contribuyentes por este impuesto (2,12 millones de pymes y autónomos), que se ahorrarán una media cada uno de 400 euros anuales, según cálculos del Gobierno.
El resto, aproximadamente 250.000 medianas y grandes empresas, tributará mucho más por el IAE y en proporción a su volumen de facturación.
Este incremento del gravamen oscila entre el 29% más para las que facturen entre uno y cinco millones y el 35% más para las que facturen más de 100 millones de euros anuales.
Hacienda espera que esta vía le reporte, junto con el incremento de tasas municipales vigentes, otros 900 millones de euros.
La reforma del IAE viene acompañada de un buen número de bonificaciones en el tributo para hacer más fácil a las grandes empresas el tránsito de un régimen a otro y, a la vez, fomentar la creación de nuevas empresas.
Por un lado, se establece la exención del pago del tributo durante el primer año y una bonificación del 50% durante los cinco años siguientes al inicio de la actividad. Además, se da la posibilidad a los municipios de fijar una bonificación del 50% por creación de empleo y otra para las empresas que utilicen energías renovables.
Otro avance importante consiste en que, a partir del próximo año, no se tendrá en cuenta el número de empleados para fijar la tarifa del impuesto, una vieja reivindicación de la patronal CEOE, que se quejaba de un impuesto que se debería pagar obligatoriamente con independencia de si la sociedad estaba en beneficios o pérdidas.
El nuevo IAE está inmerso en la reforma de la financiación de las haciendas locales, cuyo proyecto de ley será aprobado este viernes por el Gobierno.
La reforma supondrá un incremento de la financiación de los municipios, diputaciones, cabildos y demás entes locales, según recalcó ayer el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Frente a un sistema unitario, como el actual, en el que todos los municipios están tratados de igual forma, el borrador del nuevo modelo de financiación local parte de una estructura dual, en función del tamaño de la población.
Las capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes participarán de un porcentaje del IRPF, IVA e impuestos especiales (tributos estatales cedidos ya parcialmente a las comunidades autónomas). Este porcentaje está aún en fase de negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Hacienda lo sitúa en el entorno del 2% para cada tributo. Además, el Gobierno cuenta con que las grandes ciudades gocen también de una subvención en función de la evolución de los tributos del Estado, que les suponga el 50% de los ingresos.
Para el resto de municipios, está previsto que no participen de esta cesta de impuestos estatales, sino que se financien sólo través de la subvención en función de la evolución de los tributos del Estado (hasta ahora esta ayuda se establecía en función de la variación del PIB nominal) y en el que se tendrán en cuenta variables fundamentales como la población. Aparte, todos los municipios, sean mayores o menores de 100.000 habitantes, tendrán derecho a financiarse a través de los cinco tributos locales actuales (tres obligatorios y dos voluntarios). El Gobierno ha decidido incrementar la capacidad de los ayuntamientos para bajar o subir tipos de gravamen en todos los impuestos locales, con el ánimo de aumentar la autonomía tributaria de los municipios. Algunas de las novedades son las siguientes:
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (circulación): se fija un tipo máximo único para todos los municipios, eliminando la diferenciación actual en función de la población. Se mejora y amplía la exención para vehículos de discapacitados. Se incrementa el tope máximo de bonificación para vehículos poco contaminantes.
Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras: se habilita a los municipios a fijar bonificaciones sobre construcciones con uso de energía solar, viviendas de protección oficial y planes de fomento de inversión privada en infraestructuras. Se clarifica la base imponible. Se deducirá la tasa por licencia urbanística del importe del impuesto cuando esta licencia se devengue.
Impuesto sobre el valor de terrenos urbanos: se fija un tipo máximo único para todos los municipios, eliminando el gravamen en función de la población.
Tasas: se extiende la tasa actual por ocupación del dominio público total (1,5% de la facturación) a las entidades que emplean redes ajenas para efectuar sus suministros. No se incluyen en este régimen los servicios de telefonía móvil.