El empleo público creció a una tasa anual del 3% desde 1987
El empleo en la Administración pública española ha registrado en los últimos 15 años un crecimiento anual del 3% y ha aumentado en más de 800.000 personas, según un informe elaborado por La Caixa. El factor clave que ha impulsado la expansión del empleo público, que registra más de 2,3 millones de ocupados en la actualidad, es el aumento de servicios públicos en el ámbito autonómico.
El estudio, basado en la encuesta de población activa, recoge que el empleo público en España representa el 14,6% del empleo total. Durante el periodo comprendido entre los años 1987 y 2002, las comunidades autónomas han creado más de 648.000 puestos de trabajo y la Administración local ha crecido en 204.000 trabajadores. La descentralización administrativa del modelo autonómico ha supuesto un crecimiento del tamaño de las Administraciones periféricas y del personal que emplean, aunque no ha implicado una reducción significativa de empleos en la central, que ha bajado en 90.200 empleados. El fin del proceso de transferencias en la mayoría de las comunidades autónomas implicará una estabilización del empleo público, según pronostica el informe. Durante el pasado año, ya se ha producido una contención del empleo en las distintas Administraciones.
El peso del empleo público es distinto según el desarrollo de la Administración en las distintas comunidades y de su modelo de servicio público. Así, Cataluña, Baleares y Valencia son las autonomías donde el sector público emplea menos trabajadores. Mientras que Cataluña tan sólo registra un 8,5% de trabajadores en la Administración y Valencia y Baleares registran un porcentaje superior al 11%, Extremadura es la autonomía que registra una mayor dependencia del empleo público, con una cota superior al 22%. Por otro lado, la comunidad extremeña alcanza la cifra de 76 empleos públicos por 1.000 habitantes, mientras que la media española se sitúa en 56,4. Cataluña es el territorio con una menor presencia de trabajadores públicos, con 36,9 funcionarios por 1.000 habitantes.