El PP da de baja a tres altos cargos por supuesta corrupción
Los dos concejales del PP en el Ayuntamiento de Madrid Simón Viñals y Antonio Moreno y el diputado regional Luis María Huete, imputados en el caso funeraria, fueron obligados ayer a abandonar la militancia de forma 'temporal y transitoria'. Serán sustituidos en sus cargos pero mantendrán sus escaños, informa Efe.
El fiscal acusa a los tres altos cargos de haber privatizado la empresa funeraria en 1992 por 0,6 euros cuando su valor superaba en realidad los 6,5 millones. La fiscalía considera que para hacer prosperar esta operación, ruinosa para las arcas del Ayuntamiento madrileño, propiciaron 'burdos artificios contables' para aparentar una 'mala situación económica' de la compañía, que en aquel año funcionaba en régimen de monopolio.
En los últimos días, las presiones del PP sobre Huete, Viñals y Moreno para que se dieran de baja como militantes fueron múltiples, pero no surtieron el efecto esperado hasta ayer. La versión oficial del PP es que los tres pidieron al presidente regional de esta formación política, Pío García Escudero, la suspensión de militancia 'ante las insidias y falsedades vertidas en torno al caso y para no dañar la imagen del partido'.
Continúan de concejales
Los dos concejales pidieron al alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano el mantenimiento de la condición de concejales, cosa que aceptó antes de salir públicamente en defensa de la 'honradez' de todos los implicados en el caso.
Por su parte, el parlamentario regional Luis María Huete solicitó al portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, el mantenimiento de su condición de diputado. Ello quiere decir que sigue siendo aforado, por lo que el procedimiento seguirá en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya ha ordenado la apertura de juicio oral.
El juez ha impuesto una fianza de nueve millones de euros a los tres cargos del PP imputados y de cuatro y medio a los principales socios de Funespaña: José Ignacio Rodrigo, contratado por Viñals en 1992 como asesor en los temas relacionados con la funeraria municipal, y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia. Se desconoce quien correrá con las costas del juicio.