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El presidente de Funespaña lanza una OPA sobre el 10% del capital

José Ignacio Rodrigo Fernández, presidente de Fuenspaña, ha lanzado una OPA sobre el 10% del capital de la compañía por un importe global de 4,72 millones de euros. En un comunicado a la CNMV, Rodrigo explica la operación "como muestra de la confianza en el futuro de la empresa, su solidez patrimonial y su capacidad de crecimiento".

La operación está avalada por el Banco Urquijo, y formulada a través de Invafi, sociedad controlada al 100% por José Ignacio Rodrigo y su familia, y que ya posee el 26,77% de Funespaña. La oferta se extiende hasta 1.050.000 acciones de la funeraria a razón de 4,50 euros por título, lo que representa un 1,497% de su valor nominal. No está condicionada a la aceptación de un mínimo de acciones y la contraprestación se efectuará en su totalidad en metálico.

El precio de la oferta es un 18% superior a la media ponderada de la cotización entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre de este año, un 10% superior a la media de los dos últimos meses, un 5,5% superior a la media de los tres últimos meses y un 11,77% inferior a la media de los últimos seis meses.

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FUNESPAÑA 7,35 0,00%

La CNMV acordó suspender cautelarmente a las 08.53 los títulos de Funeraria, por lo que no han comenzado a cotizar en la sesión. En el momento en que se levante la suspensión, las acciones comenzarán a negociarse desde los 4,17 euros del cierre de ayer e intentarán rebajar el 23,35% de pérdidas que registran en lo que llevamos de año.

'Caso Funeraria'

Rodrigo Fernández informa a la CNMV de que el objetivo de la oferta no es ampliar ni su porcentaje de participación en los órganos de administración de la empresa ni incrementar o variar los miembros de los órganos de administración de la misma, sino "mostrar la confianza en el futuro de la empresa, en su solidez patrimonial y en su capacidad de crecimiento".

El presidente reconoce que las "incertidumbres judiciales" ante el 'caso funeraria' han "perjudicado a la cotización de la sociedad". Rodrigo está imputado en el §caso funeraria§, por las responsabilidades en la privatización de la Funeraria municipal de Madrid en 1992, en la que Funespaña pasó a controlar el 49% del capital. Los principales acusados son los dos concejales del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Simón Viñals y Antonio Moreno y el diputado regional Luis María Huete.

El fiscal los acusa de haber privatizado la empresa por 0,6 euros, cuando el valor era de 6,5 millones, utilizando "burdos artificios contables" con el fin de aparentar una mala situación económica y llevar a cabo la operación, que resultó ruinosa para las cuentas del Ayuntamiento, poniendo la gestión en manos de Funespaña.

Hoy, los grupos de la oposición municipal madrileña (PSOE e IU) han exigido que el Ayuntamiento recupere el control de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (ESMF) y que vuelva a ser de titularidad pública. El portavoz socialista, Rafael Simancas manifestó que el Consistorio "debe denunciar el contrato con Funespaña y exigir responsabilidades a su gerente, Juan Antonio Valdivia", quien está imputado en el caso junto a su hermano Ángel Valdivida y el propio Rodrigo.

Simancas insistió en que la EMSF "no es fiable, primero porque el Fiscal Anticorrupción ha planteado que se han cometido delitos en ella y, segundo, porque ya no es una empresa estable, pues está seriamente cuestionada en el marco mercantil".