Mucho nuevo bajo el sol
Estamos ante unos Presupuestos históricos, que plantean la eliminación del déficit en un entorno económico incierto y con el Estado central recién salido de una cura de adelgazamiento competencial. No incidiré en el elemento más inmediato, el cuadro macro, ya que, aunque es excepcionalmente relevante, su credibilidad y su estructura interna han sido y serán suficientemente comentados. El tema central es, sin duda, el saldo presupuestario. La persecución del déficit -a veces satanización- que vivimos en los últimos años hace que estos Presupuestos sean los primeros que se aprueban estando en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si bien en el Estado el objetivo de estabilidad se mide de forma agregada, compensando el superávit de la Seguridad Social con el déficit del Estado y sus organismos autónomos, bajo la justificación de la separación de fuentes. Aun coincidiendo con lo que se supone que es el espíritu de la ley (evitar incurrir en déficit de forma sistemática e incontrolada), la restricción llega probablemente en mal momento. Nuestros vecinos parecen algo menos proclives a autolimitar su capacidad de acción anticíclica, al menos dentro de los límites que nos autoimpusimos al dar el paso de la UEM, tal como reconoce hoy mismo la Comisión Europea.
Probablemente, la economía española aguantase un ligero déficit si éste se financia a costes inferiores a la rentabilidad marginal de los recursos invertidos y si se destina a fomentar la capitalización en todos los ámbitos que requiere el objetivo de reducir esos casi 17 puntos de convergencia real que nos separan de la media de la UE. Por supuesto, además de hablar del volumen del saldo presupuestario, lo que demandamos es la 'calidad' del mismo: que contribuya a mejorar la dotación de factores que nos permiten competir y crecer y que lo haga de forma inteligente, sumando esfuerzos privados y públicos.
No conviene, en todo caso, caer en la quimera de un presupuesto exclusivamente inversor. En 2001, sólo 10 de cada 100 euros gastados, excluyendo el gasto financiero, fueron destinados a inversión. Si esa partida, como apuntan los primeros mensajes del Gobierno, crece más que el volumen de gasto y más que el PIB nominal, ya estaremos en la dirección correcta. Pero cada gasto de inversión conlleva futuros gastos corrientes de funcionamiento y lleva en sí la semilla de algún nuevo déficit. En el contexto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es precisamente el superávit corriente el que financiará el saldo de capital. Por eso cabe desear, con insistencia, que el crecimiento de la parte corriente del Presupuesto no genere nuevas tensiones adicionales y que el ahorro bruto no decrezca, como hizo en 2001. Para ello serían deseables dos cosas: que los mecanismos de control, seguimiento y ejecución del Presupuesto sean suficientemente operativos y que la evolución de los ingresos tributarios sea realista respecto al crecimiento que podamos alcanzar en 2003. Poco cabe esperar del margen de maniobra en la gestión discrecional de los capítulos corrientes de un Presupuesto.
La transferencia de competencias a las autonomías relativiza la relevancia de los Presupuestos y pide a gritos la coordinación de políticas fiscales
Pero sobre todo no hay que olvidar que serán 18 los presupuestos a evaluar. El conjunto de comunidades autónomas gestionará ya este próximo año un volumen de recursos similar al del Estado, con un reciente sistema de financiación que apuesta por la corresponsabilidad fiscal. La transferencia de las competencias más generadoras de tensiones en cualquier administración a las comunidades autónomas, mucho menos endeudadas que el Estado, trae nuevos actores a este foro, relativiza muy seriamente la relevancia de los presupuestos que ahora centran el debate económico y pide a gritos una coordinación efectiva y paritaria de políticas fiscales.