Zorita emprende un largo camino hacia el desguace

Trece años después de que un incendio obligara al cierre de la central nuclear de Vandellós I (Tarragona) en noviembre de 1989, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) sigue trabajando en el desmantelamiento de las instalaciones. Ello se debe a que los trámites para la transferencia a Enresa del permiso de explotación de la central, hasta entonces de la compañía Hifrensa, se demoraron hasta 1998, con el consiguiente retraso de la rehabilitación socioeconómica de la zona.

Las operaciones de descontaminación radiactiva en un radio de 15 kilómetros en torno a esta central durarán hasta 2032, fecha en la que está previsto retirar el reactor, cuyo diseño (tipo grafito-gas) 'complica mucho más las operaciones de lo que cabe esperar en el caso de Zorita', asegura un portavoz de Enresa. En este caso es un reactor de generación de vapor, de diseño Westinghouse.

La central José Cabrera, popularmente conocida como Zorita por estar situada en el término municipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara), es el siguiente caso que, previsiblemente, va a caer en manos de esta empresa pública. Tanto su propietaria, Unión Fenosa, como Enresa y el Gobierno tienen ante sí el reto insólito de gestionar bien el primer cierre programado de una central nuclear de reactor de generación a vapor en Europa.

Hasta ahora no hay un precedente de clausura de una nuclear que no haya sido por accidente. Fue más bien una catástrofe, porque se calcula que las radiaciones de la ucraniana Chernóbil han dejado sus graves secuelas en siete millones de personas.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha establecido que el 30 de abril de 2006 es la fecha límite para que Unión Fenosa apague el reactor de Zorita, dos años antes del plazo que la eléctrica había solicitado para prorrogar su permiso de explotación. Aunque el informe del CSN no es vinculante, porque no halla motivos técnicos para su cierre inmediato, el Gobierno se ha comprometido a respetar sus recomendaciones. El Ministerio de Economía debe pronunciarse sobre la fecha de cierre de la central antes del 15 de octubre, dado que entonces expira la licencia actual de Zorita.

Partidos políticos en la oposición al Gobierno y, sobre todo, la organización ecologista Greenpeace insisten en que conviene evitar que se repita aquí el retraso de ocho años sólo para iniciar el desmantelamiento, debido a los trámites para traspasar la responsabilidad de la gestión de la central a Enresa. Aunque este trámite no afecta a la titularidad del emplazamiento de la central, que permanecería en manos de Fenosa, es un primer paso imprescindible para iniciar los trabajos de desmantelamiento.

Pero antes del cierre de la central y de solicitar la licencia municipal de obras hay toda una serie de procedimientos que Fenosa y Enresa deberán resolver de forma conjunta:

Plan de desmantelamiento y clausura. El CSN recomienda que Fenosa y Enresa acuerden antes de noviembre de 2004 el alcance de sus responsabilidades y respectivos cometidos durante y después de las obras de desmantelamiento. Pero a falta de la orden oficial de cierre por parte del Gobierno, todavía no ha habido 'ningún contacto' entre la empresa pública y la propietaria de Zorita para trabajar sobre el estudio básico de desmantelamiento, aseguran tanto Enresa como Gabriel Ruiz del Olmo, el alcalde de Almonacid de Zorita, en cuyo término municipal se halla esta central.

Estudio de impacto ambiental. La evaluación de los trabajos de retirada de escombros y residuos, así como de recuperación del medio natural en torno a la central es necesaria para que, una vez descontaminada la zona, se pueda utilizar para otro tipo de instalaciones convencionales. Este estudio está sujeto a información pública.

Plan de gestión del combustible gastado. Los elementos de uranio que propulsan el reactor son el principal problema de utilizar la energía nuclear para producir electricidad. Su peligrosa carga de radiactividad tarda en disolverse 20.000 años, demasiados para garantizar su perfecto aislamiento, a pesar de que los expertos confían plenamente en las soluciones de confinamiento.

En Zorita, el combustible gastado se guarda en las piscinas de la central que, sólo a partir del tercer año, pueden trasladarse a un almacén en superficie. Sin embargo, el V Plan de Residuos Radiactivos retrasa hasta 2010 la decisión de construir un almacén centralizado en España para residuos de alta radiactividad. Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, considera que el cierre de Zorita 'adelantará el debate sobre los residuos, porque la solución más práctica parece construir un almacén en superficie en la propia central'.

En cambio, el presidente del Foro de la Industria Nuclear, Eduardo González, no cree que sea necesario modificar el plan, porque los residuos de Zorita 'le afectan de manera muy relativa'.

Bravo explica, además, que 'desde que se construyó la central (1968) hasta 1983, se enviaron 150 toneladas de combustible gastado de las centrales de Zorita y Garoña a la planta británica de Selafield para su reprocesamiento'. Mediante este proceso se obtiene plutonio y nuevo combustible nuclear. En una respuesta parlamentaria del año pasado al diputado socialista Javier García Breva se aseguró que sólo retornará a España el combustible reprocesado de Zorita.

Toda esta planificación coincide con las tres fases habituales en un desmantelamiento, según el convenio internacional.

El 0,8% del recibo de la luz, para pagar los residuos

 

 

Javier García Breva, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, preguntará hoy al presidente de Enresa, Antonio Colino, cuánto cuesta a los españoles el reprocesamiento en Selafield de las primeras 150 toneladas de combustible gastado de Zorita y Garoña, junto con otra partida posterior de 11 varillas de combustible de Zorita, según consta a Greenpeace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta la fecha, sólo se conoce que almacenamiento y reprocesamiento del combustible gastado de Vandellós I costará unos 600 millones de euros hasta 2010. A ello hay que añadir los 360 millones que, según diversas estimaciones, costará el desmantelamiento total de la central tarraconense.

 

 

 

 

 

 

 

García Breva insiste en que 'la gestión de los residuos nucleares está resuelta en España mejor incluso que en muchos países desarrollados, a través del pago a Enresa del 0,8% de la tarifa eléctrica'. Frente a las quejas de los municipios afectados, argumenta que el cierre de Zorita 'no responde a una decisión política, sino a que técnicamente está obsoleta'.

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos de gestionarlos residuos de todas las instalaciones nucleares españolas se estiman en 9.782 millones de euros para el periodo 1998-2070.