Las empresas presionan al Gobierno para que rebaje el aval del nuevo móvil este año

Las intensas negociaciones que mantienen desde hace meses los afectados y el Gobierno para suavizar el impacto de los 7.200 millones de euros en avales depositados por las operadoras de telecomunicaciones han tenido un éxito parcial.

Los acuerdos alcanzados para el negocio del cable y de LMDS (acceso telefónico local por radio) ya han sido remitidos al Consejo de Estado, según aseguran fuentes de las empresas.

Sin embargo, las conversaciones para aliviar el peso de los avales de UMTS y en general de las licencias de telefonía móvil se enfrentan a significativos obstáculos.

Los accionistas de las principales compañías de telecomunicaciones (entidades financieras, constructoras, eléctricas u operadoras extranjeras) exigen del Gobierno que tome una decisión antes de final de año.

Aunque el apunte de los avales tiene hasta la fecha un reflejo mínimo en las cuentas de resultados, su peso es muy alto en los informes que emite el Banco de España que se utilizan en las negociaciones para la concesión de créditos o de valoración de empresas para proceder a la venta de participaciones (en el caso de accionistas extranjeros, los bancos exigen que el aval se constituya en dinero).

Además, los directivos de las empresas que han invertido en telecos temen que los recientes escándalos contables de empresas en EE UU endurezcan las exigencias de los auditores en cuanto al tratamiento de los avales en las cuentas de resultados.

Onerosas fianzas

De los avales suscritos por las empresas de cable (Aunacable, AOC y Ono) se mantienen en vigor por una cantidad de 86 millones de euros.

Fuentes de estas empresas aseguran que ya se han liberado 'la mayoría'. De los operadores de LMDS quedan en pie garantías por 180 millones de euros, tras haberse liberado otros 420 millones.

Con mucha diferencia, la cifra más elevada corresponde a los avales comprometidos en las licencias de telefonía móvil y muy en especial a los del nuevo estándar UMTS. En total las garantías depositadas ascienden a más de 6.900 millones, una vez liberadas una buena parte de las fianzas de los concursos de GSM. Por el contrario, se mantienen casi en su integridad los avales de la telefonía móvil de última generación UMTS, ya que las fianzas liberadas por el teórico cumplimiento de la primera fase de despliegue el pasado 1 de junio eran de escasa cuantía.

Aunque no han trascendido las fórmulas exactas que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado para aliviar el riesgo de los licenciatarios del cable y de LMDS, fuentes del sector aseguran que no se contempla la liquidación total de los avales. Al parecer, se combinan dos fórmulas.

La primera consiste en que las empresas sólo mantengan la garantía de mayor cuantía y que vayan reponiéndola en caso de que les ejecuten esta u otras fianzas. Junto a ella, el diseño contempla el alargamiento de los plazos para ejecutar las garantías hasta el final de la concesión de la licencia. Con esta medida, el riesgo se lamina a cambio de que un incumplimiento manifiesto de compromisos impedirá la renovación de la licencia.

En el caso de UMTS, las empresas más consolidadas, como Telefónica, tienen un menor riesgo en avales, mientras que las nuevas, como Xfera, las fianzas depositadas son mucho más elevadas.

Impacto negativo en la solicitud de créditos y venta de activos

 

Los avales depositados por las licencias de telecomunicaciones no se reflejan ahora en el balance de los accionistas. Se recoge sólo el coste de la garantía (en torno al 0,5% de la cuantía total), así como las contingencias y el riesgo, que se consignan en la información legal adjunta que acompaña la memoria anual. El problema fundamental se plantea a la hora de pedir nuevos créditos o intentar vender una participación, ya que en los informes que emite el Banco de España los avales se suman a la deuda y multiplican el riesgo empresarial.

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos tiempos los auditores tienden a ser más exigentes en el tratamiento de estos riesgos tras el estallido de los escándalos contables en EE UU. Ese endurecimiento puede incluso provocar unas mayores provisiones y un impacto directo en los resultados. Ambas circunstancias dibujan un escenario muy negativo para compañías con significativas necesidades financieras, que tienen que seguir acudiendo a las entidades bancarias. También lo es para los principales accionistas de las operadoras. Auna está participada por Endesa y Fenosa, y ambas empresas tienen por sí mismas deudas financieras que intentan recortar. Endesa cuenta con un endeudamiento superior a los 23.000 millones y Fenosa, de más de 7.500 millones.

 

 

 

Las dificultades que el Gobierno esgrime para aceptar un pacto que suavice los avales de UMTS tienen que ver con las reticencias que espera encontrar en la consulta preceptiva, aunque no vinculante, con el Consejo de Estado. La operación de una licencia de telefonía móvil se apoya en un contrato con el Estado y se rige por una legislación específica cuyo espíritu es difícil de modificar en función de necesidades coyunturales. En caso de que el dictamen del Consejo de Estado fuera negativo a la suavización de las fianzas, el Gobierno no tendría más remedio que aceptarlo, ya que, ante un contencioso judicial, la opinión del Consejo sería definitiva.