El Estado sólo ha ejecutado hasta julio el 27,5% de las obras previstas
El retraso que acumula España en stock de capital respecto a los países de la Unión Europea más desarrollados se extiende también a la ejecución de las obras previstas cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
Lo cierto es que la maquinaria presupuestaria, unas veces por excesiva burocracia, otras por la tardanza en las autorizaciones de gasto, condiciona sobremanera el desarrollo de las inversiones previstas. Asunto que se repite año tras año, a pesar del propósito inicial del Ejecutivo en agilizar los trámites.
Durante el ejercicio presente se está volviendo a repetir la tendencia. Según datos de la intervención general del Estado (Igae), el grado de ejecución de las inversiones reales hasta julio de este año es de sólo el 27,5%, una vez transcurrido el ecuador del ejercicio. Las obligaciones reconocidas hasta esa fecha superan apenas 1.948 millones de euros, frente a 7.092 millones de créditos totales previstos para todo el año. En agosto, el gasto en inversiones reales cayó un 8,7% respecto al mismo mes de 2001.
El Ministerio de Hacienda justifica esta situación por el diferente calendario de obras de los principales ministerios inversores (Fomento y Medio Ambiente) que no guarda una proporción con el transcurso del ejercicio. Los intentos de Hacienda por solucionar esta situación entran en saco roto un año tras otro, debido, en parte, a la autonomía de la que hacen uso estos dos departamentos ministeriales. Al final, esta situación se suele solucionar con un acelerón de las obras en la última parte del ejercicio que compensa el desfase inicial. Al final, el grado de ejecución de las inversiones supera el 90%, tal como ha ocurrido en los últimos años.
Prioridad en 2003
Pero más importante que el grado de ejecución de las inversiones es el nivel de las mismas. El Gobierno, consciente del déficit respecto a otros países, lleva varios ejercicios dando prioridad a este gasto. Para 2003, los Presupuestos Generales del Estado prevén un incremento de las inversiones en infraestructuras del 8,3%, igual que el referido a investigación, desarrollo e innovación. Estos porcentajes de incremento son significativos, sobre todo si se tiene en cuenta que se parte de unos Presupuestos moderados, en los que el gasto total apenas crece un 4% y los ingresos, un 5%, con un crecimiento estimado de la economía del 3%. No obstante, el aumento del 8,3% en la inversión en infraestructuras para 2003 no es tan elevado si se tiene en cuenta que el previsto para este año era del 10,4% y que otros países centrales de la UE, como Alemania, no necesitan de ratios tan altos para mantener un nivel de stock de capital igual o incluso superior a España, dado que parten de un potencial inversor más alto. Con todo, el Gobierno espera que la dotación en infraestructuras contribuya a acelerar la recuperación económica en 2003, en un entorno internacional plagado de incertidumbres.
El retraso que acumula España en stock de capital respecto a los países de la Unión Europea más desarrollados se extiende también a la ejecución de las obras previstas cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
Lo cierto es que la maquinaria presupuestaria, unas veces por excesiva burocracia, otras por la tardanza en las autorizaciones de gasto, condiciona sobremanera el desarrollo de las inversiones previstas. Asunto que se repite año tras año, a pesar del propósito inicial del Ejecutivo en agilizar los trámites.
Durante el ejercicio presente se está volviendo a repetir la tendencia. Según datos de la intervención general del Estado (Igae), el grado de ejecución de las inversiones reales hasta julio de este año es de sólo el 27,5%, una vez transcurrido el ecuador del ejercicio. Las obligaciones reconocidas hasta esa fecha superan apenas 1.948 millones de euros, frente a 7.092 millones de créditos totales previstos para todo el año. En agosto, el gasto en inversiones reales cayó un 8,7% respecto al mismo mes de 2001.
El Ministerio de Hacienda justifica esta situación por el diferente calendario de obras de los principales ministerios inversores (Fomento y Medio Ambiente) que no guarda una proporción con el transcurso del ejercicio. Los intentos de Hacienda por solucionar esta situación entran en saco roto un año tras otro, debido, en parte, a la autonomía de la que hacen uso estos dos departamentos ministeriales. Al final, esta situación se suele solucionar con un acelerón de las obras en la última parte del ejercicio que compensa el desfase inicial. Al final, el grado de ejecución de las inversiones supera el 90%, tal como ha ocurrido en los últimos años.
Prioridad en 2003
Pero más importante que el grado de ejecución de las inversiones es el nivel de las mismas. El Gobierno, consciente del déficit respecto a otros países, lleva varios ejercicios dando prioridad a este gasto. Para 2003, los Presupuestos Generales del Estado prevén un incremento de las inversiones en infraestructuras del 8,3%, igual que el referido a investigación, desarrollo e innovación. Estos porcentajes de incremento son significativos, sobre todo si se tiene en cuenta que se parte de unos Presupuestos moderados, en los que el gasto total apenas crece un 4% y los ingresos, un 5%, con un crecimiento estimado de la economía del 3%. No obstante, el aumento del 8,3% en la inversión en infraestructuras para 2003 no es tan elevado si se tiene en cuenta que el previsto para este año era del 10,4% y que otros países centrales de la UE, como Alemania, no necesitan de ratios tan altos para mantener un nivel de stock de capital igual o incluso superior a España, dado que parten de un potencial inversor más alto. Con todo, el Gobierno espera que la dotación en infraestructuras contribuya a acelerar la recuperación económica en 2003, en un entorno internacional plagado de incertidumbres.
El retraso que acumula España en stock de capital respecto a los países de la Unión Europea más desarrollados se extiende también a la ejecución de las obras previstas cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
Lo cierto es que la maquinaria presupuestaria, unas veces por excesiva burocracia, otras por la tardanza en las autorizaciones de gasto, condiciona sobremanera el desarrollo de las inversiones previstas. Asunto que se repite año tras año, a pesar del propósito inicial del Ejecutivo en agilizar los trámites.
Durante el ejercicio presente se está volviendo a repetir la tendencia. Según datos de la intervención general del Estado (Igae), el grado de ejecución de las inversiones reales hasta julio de este año es de sólo el 27,5%, una vez transcurrido el ecuador del ejercicio. Las obligaciones reconocidas hasta esa fecha superan apenas 1.948 millones de euros, frente a 7.092 millones de créditos totales previstos para todo el año. En agosto, el gasto en inversiones reales cayó un 8,7% respecto al mismo mes de 2001.
El Ministerio de Hacienda justifica esta situación por el diferente calendario de obras de los principales ministerios inversores (Fomento y Medio Ambiente) que no guarda una proporción con el transcurso del ejercicio. Los intentos de Hacienda por solucionar esta situación entran en saco roto un año tras otro, debido, en parte, a la autonomía de la que hacen uso estos dos departamentos ministeriales. Al final, esta situación se suele solucionar con un acelerón de las obras en la última parte del ejercicio que compensa el desfase inicial. Al final, el grado de ejecución de las inversiones supera el 90%, tal como ha ocurrido en los últimos años.
Prioridad en 2003
Pero más importante que el grado de ejecución de las inversiones es el nivel de las mismas. El Gobierno, consciente del déficit respecto a otros países, lleva varios ejercicios dando prioridad a este gasto. Para 2003, los Presupuestos Generales del Estado prevén un incremento de las inversiones en infraestructuras del 8,3%, igual que el referido a investigación, desarrollo e innovación. Estos porcentajes de incremento son significativos, sobre todo si se tiene en cuenta que se parte de unos Presupuestos moderados, en los que el gasto total apenas crece un 4% y los ingresos, un 5%, con un crecimiento estimado de la economía del 3%. No obstante, el aumento del 8,3% en la inversión en infraestructuras para 2003 no es tan elevado si se tiene en cuenta que el previsto para este año era del 10,4% y que otros países centrales de la UE, como Alemania, no necesitan de ratios tan altos para mantener un nivel de stock de capital igual o incluso superior a España, dado que parten de un potencial inversor más alto. Con todo, el Gobierno espera que la dotación en infraestructuras contribuya a acelerar la recuperación económica en 2003, en un entorno internacional plagado de incertidumbres.
Fuerte avance de las corporaciones locales
La consolidación del Estado de las Autonomías, con el traspaso de más competencias y responsabilidades sobre el gasto público de todas las Administraciones, ha provocado una fuerte pérdida de peso del Estado como inversor público en favor de las corporaciones locales, que son las que más aumentan su protagonismo, seguido de los Gobiernos regionales. Según las últimas cifras de la Intervención General del Estado, referidas al año 2000, el volumen de las inversiones efectuadas por todas las Administraciones ascendió a 19.767 millones de euros. Las Administraciones territoriales acapararon ya ese año el 70% del total (13.851 millones de euros), gracias a un crecimiento constante en ejercicios anteriores. La evolución del Estado ha sido la contraria. En 1995 gestionaba el 31,6% de la formación bruta de capital, a lo que había que sumar otro 6,3% de sus organismos autónomos. En 2000 su protagonismo había disminuido hasta el 21,8%.
Por contra, las corporaciones locales han pasado de generar el 27% de la inversión en 1995 a un significativo 35,3%. Las comunidades pasan de representar el 30% del total de la inversión pública en 1995 a un 34,8%. Esta tendencia a una ostensible pérdida de protagonismo del Estado en favor del resto de Administraciones se acentuará en los próximos ejercicios, fruto de la mayor autonomía financiera de comunidades y municipios.
Además, en la inversión de las grandes infraestructuras de transporte, el Estado ha apostado por la participación del capital privado.