El Gobierno confía en una recuperación que permita mantener el déficit cero

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003, el primero en el que opera la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a todas las Administraciones públicas (comunidades autónomas, corporaciones locales y Administración central) a no gastar más allá de lo que ingresan.

El Gobierno ha decidido, finalmente, no variar las estimaciones realizadas en junio, a pesar del entorno de desaceleración económica, y prevé un relanzamiento de la economía para el próximo año, que crecería al 3%, frente al 2,2% estimado para 2002. Esta recuperación sería clave para lograr el déficit cero, por tercer ejercicio consecutivo, y generar 282.000 empleos netos. El Estado tendrá un déficit del 0,5% del PIB, que compensará, una vez más, con el superávit de la Seguridad Social, de igual cuantía.

Los Presupuestos están basados, asimismo, en un escenario de precios del petróleo para 2003 por debajo de 25 dólares el barril, sensiblemente inferior a la cotización actual, que se encuentra por encima de los 28 dólares, ante la escalada bélica internacional contra Irak. Este es un riesgo que, sin embargo, ayer minimizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para quien el precio del crudo 'se reducirá una vez que se eliminen las incertidumbres que pesan ahora'.

Los ingresos crecen un 5%

La recaudación prevista asciende a 105.722,7 millones de euros, de los que 93.765 millones corresponden a ingresos de carácter tributario, sólo un 5% más en términos homogéneos que la previsión de liquidación para 2002. Los ingresos están afectados por la rebaja del IRPF a 17 millones de contribuyentes, que entrará en vigor en enero y que drenará cerca de 3.000 millones de euros a las arcas de Hacienda.

El límite de gasto del Estado previsto para 2003 asciende a 114.518,8 millones de euros, cantidad en la que está incluida el fondo de contingencia (2% del total; 2.290 millones), que se destinará a créditos extraordinarios e imprevistos, como obliga la Ley de Estabilidad. Descontado el fondo de contingencia y el efecto del traspaso de la sanidad a numerosas comunidades autónomas, realizado en el primer semestre de este año, el incremento homogéneo del gasto del Estado para 2003 se sitúa en el 4%, cifra que valió ayer a Montoro para calificar los Presupuestos de 'moderados' e inmersos en un entorno de debilidad económica.

Las prioridades se centran en la seguridad ciudadana, cuya dotación que crecerá un 7,4%; la justicia (6,7%) y los gastos sociales (8,2%), a los que se suma un fuerte esfuerzo en inversión en infraestructuras (8,3%) y en I + D + i (8,3%), consciente del déficit existente respecto a la media comunitaria. El incremento de la inversión en infraestructuras es considerable, aunque no alcanza el aumento previsto para este año (10,4%). A pesar de ello, Montoro destacó ayer el 'fuerte carácter inversor' de las cuentas públicas para el próximo año, esfuerzo inversor que se centrará en el transporte (ferrocarril de alta velocidad y carreteras) y la investigación en sanidad y tecnologías de la información.

El objetivo de inflación se mantiene en el 2% (el estimado por el Banco Central Europeo), aunque Hacienda ha fijado un deflactor del PIB en el 2,8%, por lo que prevé que al menos los precios de producción vayan a evolucionar en la senda del 3%. Por otra parte, los bajos tipos de interés permitirán reducir la deuda pública casi dos puntos, pasando del 55,7% al 53,8% del PIB. Montoro cuenta también con que el crecimiento económico que se genere, por encima del de la Unión Europea, permitirá acercar en casi un punto el nivel de renta per cápita a la media comunitaria, nivel que se encuentra ahora ligeramente por encima del 80%.

El titular de Hacienda destacó, como factores clave para alcanzar el crecimiento previsto, el impacto expansivo sobre el consumo de la rebaja del IRPF y el gasto en inversiones, 'por encima de la mayoría de los países de la Unión Europea'.

Montoro criticó la ausencia de alternativa presupuestaria del PSOE, 'más allá de ligeros brochazos en los que sólo se busca el incremento de deuda y de impuestos'. En su contra, el portavoz socialista, Jordi Sevilla, aseguró que los Presupuestos 'están llenos de trampas y falsedades, que consiguen el obsesivo déficit cero a costa de agravar el déficit social'.

Los biocarburantes quedan exentos del impuesto de hidrocarburos

 

 

 

 

Los biocarburantes quedarán exentos a partir de 2003 del pago del impuesto sobre hidrocarburos, según recoge la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de 2003, que estudió ayer el Consejo de Ministros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ello se amplía la exención de este impuesto, que hasta ahora sólo era aplicable a los proyectos piloto para la obtención de biocarburantes (a partir de los forrajes). El Ejecutivo se anticipa así al acuerdo político alcanzado en la UE sobre el uso de combustibles menos contaminantes, que se plasmará en una próxima directiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley de Acompañamiento reduce también el tipo impositivo en el impuesto sobre hidrocarburos para el queroseno de calefacción y para el GLP (gas licuado) de uso general como combustible de vehículos. Se elimina la autorización administrativa para la exención del impuesto sobre hidrocarburos para los carburantes utilizados en la producción de electricidad por centrales eléctricas y de ciclo combinado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la crisis de este verano con Marruecos por el conflicto de Perejil, el Gobierno ha decidido incentivar fiscalmente a los territorios de Ceuta y Melilla, incluyendo en la ley un incremento de la bonificación en el impuesto del patrimonio del 50% al 75%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, fija una bonificación del 50% en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y crea otra bonificación del 50% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para estos dos territorios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley eleva también de 23 a 24 años la edad para la percepción de la pensión extraordinaria de orfandad (en casos de orfandad absoluta). Además, reduce del 16% al 7% el IVA de las compresas y tampones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ejecutivo establece tasas 'de escasa cuantía' en el ámbito del control sanitario y alimentario, crea el Cuerpo Superior de Gestión Catastral y amplía hasta el 31 de diciembre de 2003 la aplicación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.