La Carta de los Ciudadanos permitirá pleitos electrónicos
Los trabajos para poner en marcha la Carta de Derechos de los Ciudadanos comenzarán dentro de un mes y será una amplia y participativa comisión la encargada de elaborar el plan de medidas para ello. Integrarán el grupo de trabajo todos los participantes del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia y representantes de todos los ámbitos de la justicia.
Así fue anunciado ayer por el Ministerio de Justicia después de una reunión que celebró el ministro José María Michavila con el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando; el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal; los representantes de los abogados y procuradores, así como de los grupos parlamentarios. Todos firmaron el documento de acciones para la ejecución de la Carta de Derechos del Ciudadano ante la justicia.
La carta contempla 41 derechos. Recoge los derechos más relavantes del ciudadano con la Administración de justicia; los derechos de los más desprotegidos ante la justicia y aquellos derechos que se pueden establecer dentro de la relación de confianza entre el usuario y su abogado o procurador.
Justicia en la Red
Una de las iniciativas será la puesta en marcha de la justicia electrónica, o justicia en la Red, mediante el plan de modernización tecnológica de la Administración de justicia. Se trataría de que el ciudadano pueda comunicarse con la Administración a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos. También se apostará por la puesta en marcha del denominado pleito electrónico. Esto permitiría que una vez presentada una demanda de forma electrónica todas las diligencias deban tramitarse por medios telemáticos, incluso la resolución final. La vía telemática también podrá utilizarse para plantear quejas de forma más fácil y rápida sobre la justicia.
Se abrirán nuevas oficinas de atención al ciudadano y se crearán otras para la atención de las víctimas. Se elaborará un programa de previsiones sobre duración de los procedimientos, así como un estudio de previsiones sobre la cuantía media aproximada de las costas de cada proceso. También se creará una comisión para hacer más comprensible el lenguaje jurídico. Se trata de que las notificaciones y citaciones contengan términos comprensibles y una sintáxis sencilla.
Y, como se había anunciado, habrá una atención especial a la violencia doméstica y al tratamiento de los menores de edad en los juzgados y tribunales. También se elaborará un manual para mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas discapacitadas a la justicia.