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Justicia

Michavila no descarta exigir el pago de tasas judiciales a las grandes empresas

Tan sólo un día después de desautorizar la propuesta de reinstaurar las tasas judiciales planteada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, durante la apertura del año judicial, el ministro de Justicia, José María Michavila, anunció ayer que está dispuesto a abrir un diálogo con los grupos parlamentarios sobre la posibilidad de imponer el pago de las tasas a las grandes empresas que presentan un elevado número de pleitos. En su participación en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía y Europa Press, Michavila reiteró que 'el ciudadano no debe pagar nada por la justicia', pero matizó que ello no implica que pueda estudiarse si las grandes empresas no deben responsabilizarse económicamente de ese uso frecuente de la justicia.

El ministro hizo estas declaraciones al ser preguntado por la posición del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, quien en el acto de apertura del año judicial abogó por restablecer el cobro de tasas judiciales a los ciudadanos para financiar la reforma de la justicia, a excepción de los que no cuenten con recursos económicos suficientes.

Michavila rechazó la imposición de las tasas a los particulares, pero recordó que su cobro a grandes empresas es apoyado por grupos parlamentarios como Convergència i Unió o por asociaciones judiciales como la progresista Jueces para la Democracia. Asimismo, destacó que España es el único país de la UE donde nadie paga por la justicia. La propuesta de exigir una contribución económica a las grandes empresas como requisito para poder liquidar fue anunciada ya por el anterior titular de Justicia y actual ministro del Interior, Ángel Acebes.

El pasado mes de mayo, Acebes aludió a la necesidad de reflexionar sobre la introducción de las tasas 'a entidades como bancos, compañías aseguradoras, financieras o grandes empresas con un gran capital social, que tienen siempre un número elevado de procedimientos judiciales'.

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