Los delitos fiscales y las quiebras aumentaron más del 50% en 2001
La criminalidad económica registró durante el año pasado un notable crecimiento del 11%. Un dato que sorprende aún más si tenemos en cuenta que durante el año 2000 este tipo de delincuencia disminuyó un 3,5%. Se rompe así la tendencia de años anteriores en los que se venían registrando ligeros descensos en los delitos contra el orden socioeconómico.
Así, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, los delitos contra la Hacienda Pública aumentaron un 54%, y las quiebras y suspensiones de pagos, un 66%. El blanqueo de capitales creció un 57%, y los delitos societarios, un 23%. Las apropiaciones indebidas y las estafas subieron menos, un 3,7%, y los delitos de alzamiento de bienes fueron los únicos que registraron un descenso, el 9%.
El importante aumento que han experimentado los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social durante 2001 se debe al incremento de los delitos fiscales, delitos contables y fraude de subvenciones. Por contra, disminuyeron los procesos por fraude comunitario y por delito contra la Seguridad Social. Estos datos fueron presentados ayer por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, durante el acto de apertura de nuevo año judicial. La ceremonia fue presidida por el Rey y asistieron el ministro de Justicia, José María Michavila; el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando; el presidente del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado, Manuel Jiménez de Parga, así como representantes de las más altas instancias judiciales y de las Cortes Generales.
Los dos representantes de la carrera judicial y de la fiscal se congratularon de los avances que han supuesto la euroorden y el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Francisco Hernando incidió en la posibilidad del cobro de tasas judiciales para financiar la justicia. Hernando manifestó que 'aplicando el principio tributario de la provocación de costes, no atisbo razón alguna por la cual la justicia deba ser sufragada por la sociedad', excepto para aquellos que carezcan de recursos.
Inversores extranjeros
Según desveló Francisco Hernando, 10.000 millones de euros, sólo de procedencia fiscal, se encuentran hoy en día inmovilizados porque están pendientes de resolver los recursos que contra sus liquidaciones se han interpuesto. A esto hay que añadir una cantidad difícil de determinar que por estar inmersa en interminables procedimientos judiciales queda sustraída del tráfico económico. Hernando cree que 'los inversores extranjeros, antes de adoptar sus decisiones de gasto, dirigen su mirada al país digno de su atención, y buena parte de esa mirada se detiene en la certeza y celeridad de las respuestas judiciales'. Por ello, considera que un esfuerzo económico para mejorar el funcionamiento de la justicia 'produciría por tanto sobre la economía e indirectamente sobre la masa monetaria inmovilizada unos efectos dinamizadores de inimaginables y beneficiosas consecuencias'.
El fiscal general del Estado destacó en su discurso la demanda presentada recientemente ante el Tribunal Supremo contra Batasuna para que sea disuelta. En cuanto a la Ley de Partidos, Cardenal dijo que ha marcado 'un antes y un después en el entendimiento del pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico'.
Anticorrupción pide más colaboración a los bancos
La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por el fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, intervino en 91 causas judiciales durante 2001, tres más que en el año 2000 y casi el doble que en 1997. Durante el año pasado se dictaron seis sentencias, de las que cinco fueron condenatorias.
Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, Anticorrupción 'contempla con preocupación cómo la desregularización mundial de los mercados de capitales, la persistencia de la opacidad de ciertas transacciones financieras y las deficiencias de la cooperación entre los Estados, mantienen un marco que favorece la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales'. Anticorrupción asegura que a veces las investigaciones chocan con 'fuertes intereses económicos, como la gran banca, que resisten los esfuerzos reguladores de los Estados'.
La Fiscalía Anticorrupción se ha caracterizado siempre porque sus denuncias y reclamaciones siempre han ido en este sentido. Incluso, hemos asistido en no pocas ocasiones a enfrentamientos entre el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, presente ayer en la apertura del año judicial, y su superior, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. æpermil;ste, precisamente, inició su discurso de ayer con una defensa ciega del principio de dependencia jerárquica que regula el ministerio fiscal. Cardenal considera que cuando sus instrucciones son interpretadas como una injerencia, 'se está contribuyendo a subvertir el modelo constitucional'.