UGT y CC.OO. demandan el acuerdo de cierre de sucursales del Banco de España
Los sindicatos UGT y CC.OO han interpuesto una demanda en la Audiencia Nacional para impugnar el acuerdo suscrito en el Banco de España en el que se establecen las condiciones para los empleados afectados por el cierre de 30 de sus 52 sucursales provinciales que realizará el banco emisor entre 2002 y 2004.
Según los sindicatos, la reestructuración prevista de la red afectará directamente a 400 de los cerca de 3.080 trabajadores con que cuenta el Banco de España.
El acuerdo, del que se desmarcaron los 4 delegados de UGT y CC.OO en el Banco de España, prevé el traslado del personal afectado a las oficinas más próximas de las 22 que permanecerán abiertas y establece un plan de prejubilaciones voluntarias para aquellos con 50 o más años.
El convenio establece, en concreto, el pago de 12.000 euros para los empleados de menos de 50 años afectados con los cierres y de 6.000 euros para los que superen esa edad. Asimismo, prevé abonar 300 euros por año de antigüedad en la sucursal en la
que se produzca el cierre para los de menos de 50 años y 120 euros para los que tengan más edad.
Nulidad del acuerdo
En el escrito remitido a la Audiencia, UGT y CC.OO piden su impugnación "por conculcar la legalidad vigente, estando pasivamente legitimadas todas las partes negociadoras del mencionado acuerdo" y solicitan la citación del Ministerio Fiscal y la Mutualidad de Empleados del Banco. Los sindicatos aseguran que los términos del acuerdo "incumplen el principio de igualdad ante la ley que establece la Constitución al fijar distintas compensaciones para los empleados en función de la edad".
"Es evidente que el diferente trato económico dado a los empleados del Banco de España, en función de la edad que tengan al 31 de diciembre de 2002, es claramente discriminatorio y alejado de la jurisprudencia constitucional", dicen los representantes sindicales.
La demanda solicita la nulidad de estos acuerdos y distintos aspectos relativos a la posibilidad de que el Banco pueda presentar un expediente de regulación de empleo si no alcanza el número de prejubilaciones esperadas y sobre la posibilidad de que decrete la extinción del contrato de trabajo.
A la espera de que se celebre la citación para el juicio, que los sindicatos esperan para antes de diciembre, solicitan la suspensión cautelar de estos puntos del convenio para impedir las "consecuencias de difícil o imposible reparación que podrían darse de no acordarse tal suspensión". Entre estas consecuencias, los sindicatos advierten de la posibilidad de que se acuerde el traslado de dos cónyuges o parejas a distinas oficinas si este baremo de decisión no se coloca en primer lugar a la hora de decidir el ingreso a las oficinas más próximas.