Crece el delito económico
Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico son, cuantitativamente, el primer exponente de la criminalidad. Representan el 66% del total de los delitos en España. Y buena parte de ellos guardan relación directa con la actividad de las empresas. El acto de apertura del año judicial, celebrado ayer en el Tribunal Supremo y presidido por el Rey, coincidió como cada año con la presentación de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Los datos son cada vez más preocupantes. Los delitos económicos han roto la tendencia de ligero descenso conseguido en años anteriores para crecer nada menos que un 11% a lo largo de 2001. Los delitos contra la Hacienda Pública se incrementaron en un 54%, y en quiebras y suspensiones de pagos, un 66%. También crecieron los delitos societarios, los fiscales y contables y los de blanqueo de capitales, que se incrementaron un 57% durante el año pasado.
La lucha contra la delincuencia económica no es tarea fácil y la colaboración internacional es, en este terreno, de vital importancia. La Fiscalía Anticorrupción asegura en la Memoria que las deficiencias de cooperación entre Estados mantienen un marco que favorece la delincuencia económica y el blanqueo de capitales. Pero el fiscal va más allá y afirma que los intentos de poner coto a esta situación, que en ocasiones no son más que 'iniciativas bienintencionadas' y 'proclamaciones retóricas', chocan con los grandes intereses económicos, 'como la gran banca', que resisten los esfuerzos reguladores de los Estados.
Combatir la delincuencia económica es una labor compleja que requiere medios y expertos. Pero además es necesario que otros esfuerzos más acuciantes, como la lucha contra el terrorismo, las mafias de la inmigración ilegal, la violencia doméstica o la siniestralidad laboral, no la hagan pasar a un segundo plano.
Es de vital importancia dotar, de una vez por todas, de rapidez y agilidad a la justicia española. Y aunque se han dado algunos pasos resultantes de la firma del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, queda mucho camino por andar. Si este objetivo no se convierte en prioritario, no se podrá evitar, como señala el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que los inversores extranjeros se lo piensen dos veces antes de instalarse en un país con una seguridad jurídica pendiente de mejorar.