La reforma de la Administración exterior del Estado
L a cruel cadencia del ciclo político, garantía, por otro lado, de libertad democrática, tiene un indudable coste en términos de eficiencia en la gestión de la cosa pública. Sin embargo, en este momento, se nos avecina una circunstancia históricamente desconocida en la reciente vida democrática española: un presidente del Gobierno, voluntariamente exento, en gran medida, de las lógicas limitaciones que impone el ciclo político, que está en condiciones de emprender una serie de reformas largamente necesitadas y a la espera de condiciones, como la presente, más favorables.
Cualquier analista de la cosa pública, por poco imaginativo que sea, pronto produce una larga lista de este tipo de reformas. Sin embargo, desde esta página especializada habría que centrar la atención en la reforma de la Administración Exterior del Estado, tan largamente demorada como necesaria, dados los vientos que corren y las aspiraciones de España.
Toda reforma de la Administración exterior del Estado debe partir de un axioma, como es la clara inadecuación de la actual estructura a las exigencias derivadas del consenso que se ha forjado en torno al nuevo papel que España ha de jugar en el concierto internacional. Dicho consenso tiene como fundamento que la actual potencia económica y cultural de España debe traducirse en un mayor protagonismo en el concierto mundial.
Desde un punto de vista de gestión, este mayor protagonismo exige, básicamente, ideas y medios y, en los tiempos que corren, todo ello subordinado al principio de austeridad presupuestaria. En el capítulo de las ideas exige reflexionar sobre los mecanismos de generación de las estrategias. Una sociedad compleja como la española no puede confiar a una sola entidad el diseño de estas estrategias. Por el contrario, la experiencia de los demás países desarrollados muestra bien a las claras que estas estrategias son el resultado de la interacción entre la Administración y la llamada sociedad civil. A su vez, en el ámbito estricto de la Administración, las estrategias en el campo de la política exterior no son producto de una única unidad administrativa, sino el resultado, coordinado desde el máximo nivel, de un consenso alcanzado entre todos los departamentos con responsabilidades internacionales.
España carece de una institución que cumpla estas funciones, pues el llamado Consejo de Política Exterior, desde su nacimiento ha mostrado, por su estructura y objetivos, su incapacidad y falta de voluntad para actuar como verdadero órgano de coordinación administrativa en materia de política exterior. En consecuencia es necesario crear un órgano que, con un diseño enraizado en la estructura y tradición administrativa española, pueda actuar de instrumento ejecutivo de coordinación en el ámbito de la política exterior.
El mejor ejemplo de un órgano de la Administración que ya funciona y que cumple estos objetivos es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La creación de una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Exteriores daría una solución colegiada, participativa y ejecutiva al creciente problema de generar y desarrollar una política exterior por parte de una potencia media que aspira a un mayor protagonismo internacional.
El segundo requisito señalado es contar con los medios necesarios para desarrollar las políticas y estrategias diseñadas, Evidentemente, la primera reacción a esta necesidad es exigir un aumento de la dotación presupuestaria dedicada a la política exterior. Sin embargo, las prioridades políticas en la España actual parecen discurrir por otros cauces: los de la austeridad presupuestaria. En consecuencia, la alternativa lógica ha de ser una mejor gestión de los recursos existentes.