Economía tendrá competencia sobre las cajas de ahorros de la Iglesia
El PP ha aprovechado el paso por el Senado del proyecto de Ley Financiera para introducir un bloque de enmiendas con precisiones a la normativa sobre cajas de ahorros y que incluye, entre otras, la decisión de otorgar al Ministerio de Economía competencia para aprobar los estatutos, los reglamentos que regulen la designación de miembros de los órganos de gobierno y el presupuesto anual de la obra social de las cajas de ahorros dependientes de la Iglesia.
De este modo, los populares permiten que la regulación en aspectos esenciales de entidades como la andaluza Cajasur, la aragonesa Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) o el Círculo Católico de Burgos quede en manos del Gobierno central en vez de ser controlada por las comunidades autónomas con competencias en supervisión de cajas. Una medida que querían haber introducido en el Congreso y que retrasaron ante el malestar que generó, especialmente en Aragón.
La enmienda se ampara en lo regulado por el Concordato (1979), aclara que la competencia de Economía es 'sin perjuicio de las relaciones que correspondan con las comunidades autónomas respecto a las actividades desarrolladas en sus territorios' y establece que, en todo caso, el nombramiento, idoneidad y duración del mandato de los representantes en sus órganos de gobierno se regirá por los estatutos vigentes a 1 de noviembre de 2002, 'debiendo respetar el principio de representatividad de todos los grupos'.
La regulación de las entidades fundadas por la Iglesia provocó en junio la indignación del Gobierno de Aragón, que se resistía a perder la tutela de la CAI y amenazó con llevar la enmienda al Tribunal Constitucional. El Gobierno aragonés considera un atropello que se permita a las cajas de la Iglesia tener libertad para no someterse a la ley general de cajas. La intención del grupo es que las entidades fundadas por la Iglesia decidan por ellas mismas si se acogen a la regulación autonómica o estatal.
Vilarasau dejará su cargo
Además, en sus enmiendas, los populares permiten que las comunidades autónomas puedan fijar un tope de edad para los consejeros de las cajas distinto al de los 70 años que establece la ley. Si los Gobiernos autónomos no regulan este aspecto, las cajas de dicha comunidad se regirá por la norma estatal. De esta forma, si CiU no regula por ley un tope de edad, Josep Vilarasau, presidente de La Caixa, tendrá que dejar su cargo cuando termine su mandato (entre enero y junio deberá convocarse la asamblea para la elección de presidente y otros consejeros). Finalmente, si decide modificar su ley para introducir un límite de edad, ésta se fijará en los 70 años, según fuentes políticas catalanas, con lo que sólo quedarán tres de los actuales presidente de las cajas catalanas. El cura, Miguel Castillejo, presidente de Cajasur, también parece encaminado a dejar su cargo al tener más de 70 años.