El PP se adelanta a un proyecto de la CE para controlar la información privilegiada

El Partido Popular tiene previsto presentar hoy una serie de enmiendas a la Ley Financiera en el Senado para reforzar el papel de los organismos supervisores en el control del funcionamiento de los mercados bursátiles y de capitales.

Una de ellas consistirá en la incorporación a la legislación española de las líneas maestras de la directiva europea sobre operaciones con información privilegiada y abusos de mercado (market abuse), que ya está consensuada, pero que aún no ha sido aprobada formalmente por Bruselas.

Fuentes del PP explicaron que, con estos cambios, la CNMV podrá, a partir de la aprobación del proyecto de ley, perseguir de forma mucho 'más eficaz' los casos en los que vea indicios tanto de utilización de información privilegiada como de manipulación del mercado, independientemente de que estos mecanismos generen o no plusvalías para las personas o entidades que las utilicen.

El proyecto de Ley Financiera, tal y como salió aprobada en su trámite en el Congreso de los Diputados, ya abordaba un claro reforzamiento en las competencias de las instituciones de vigilancia y supervisión para perseguir estas prácticas. De acuerdo con las fuentes señaladas, lo que se persigue ahora es una nueva vuelta de tuerca a la persecución de las irregularidades que se pueden producir en el mercado.

El borrador de la directiva comunitaria recoge en su articulado algunas de las conductas que cabe considerarse podrían entrar en el ámbito de la utilización de información privilegiada y la manipulación del mercado, y que ahora quedarán expresamente prohibidas y perseguidas.

Entre ellas cita la compraventa de instrumentos financieros al cierre del mercado 'con el fin de alterar la cotización del instrumento financiero a la hora del cierre' o la 'realización de operaciones con el fin de influir en el precio al contado concreto de un instrumento financiero, que se había acordado como determinante del valor de una operación'. Además, recomienda que se legisle para permitir la persecución de la 'divulgación de rumores falsos para inducir la compra o la venta por otras personas', 'hacer declaraciones falsas de hechos importantes' y 'compras de instrumentos financieros por cuenta propia, antes de recomendarlo a otros, vendiéndolo posteriormente con beneficio por la subida del precio del mercado tras la recomendación'.

También identifica las actuaciones basadas en operaciones con intención de crear una falsa impresión de actividad. Entre las que destaca, compraventas en las que no hay un cambio auténtico en la propiedad real de los instrumentos financieros; operaciones en las que tanto las órdenes de compra como de venta se registran al mismo tiempo, con el mismo precio y cantidad por partes distintas pero en connivencia, y el inicio de actividades para elevar el precio a un nivel artificialmente alto para vender los propios de forma masiva en el mercado después. Por último, recomienda que se actúe contra la prácticas cuya intención sea crear escasez de los activos.

Las bases de la lucha por la transparencia

 

 

 

 

La batería de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular para reactivar la confianza en los mercados se asienta sobre tres grandes ejes. El primero, relativo al buen gobierno de las empresas, se apoya en la comisión Aldama, encargada de elaborar un decálogo de prácticas empresariales donde la ética de los negocios tenga un lugar predominante. Esta comisión es heredera de la que elaboró el código Olivencia, cuyas principales recomendaciones han sido seguidas de forma desigual por las empresas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda pata del sistema de reformas parte de las conclusiones que se extraen del llamado Libro Blanco para la Reforma de la Contabilidad en España, en el que un grupo de renombrados expertos ha estado trabajando sobre los cambios normativos necesarios para que la contabilidad aumente la transparencia de las empresas. El Gobierno ya ha anunciado que tiene intención de seguir algunas recomendaciones al pie de la letra, como por ejemplo la necesidad de reforzar el poder sancionador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para tener un control más efectivo de las actuaciones de los inversores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, el último instrumento que emplea el Gobierno para aplicar algunas de las recomendaciones que se han puesto en marcha, parte de la Ley Financiera, donde la reforma del control sobre los mercados de valores tiene un peso sustancial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva ley, que está a punto de pasar el último trámite parlamentario, es especialmente incisiva con los mecanismos de transparencia de los mercados para evitar escándalos como los que han jalonado la historia bursátil de los últimos meses. En la norma se hace hincapié en la importancia de afrontar el uso de información privilegiada, pero la incorporación de la directiva comunitaria permitirá definir más claramente cuál es el ámbito de aplicación de la ley y aumentar las posibilidades de actuación de la CNMV.