El Gobierno valenciano suspende la concesión de licencias de tragaperras
El Gobierno valenciano acordó ayer suspender con carácter indefinido la concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B o recreativas con premio, las populares tragaperras, que se instalan en bares, cafeterías, restaurantes o clubes. El Ejecutivo que preside José Luis Olivas, del PP, justificó esta decisión por el 'desmesurado' número de máquinas de este tipo existentes en el mercado en la actualidad.
Según señaló el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Joaquín Ripoll, desde que se promulgó en 1998 la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana se ha producido un aumento 'considerable' de este tipo de máquinas de premio, 'llegando hasta límites que podrían ser considerados como desmesurados', dijo el vicepresidente.
'Se ha alcanzado un número excesivo en proporción a la población, y ha originado un exceso de oferta de juego que podría incidir en conductas sociales no deseadas, lo que ha aconsejado limitar la concesión de nuevas autorizaciones de explotación', explicó Ripoll tras la reunión del Gobierno autonómico.
En la actualidad, según fuentes de la Dirección General del Juego de la Generalitat, hay autorizado un total de 26.500 máquinas de premio en la Comunidad Valenciana. Si se tiene en cuenta que la Comunidad Valenciana tiene cuatro millones de habitantes, esta cifra de tragaperras supone una máquina por cada 150 habitantes, una cifra elevada, más cuando los menores de 18 años no pueden usarlas.
Según explicó el vicepresidente del Consell, el decreto se revisará como máximo cada dos años, momento en que la Generalitat estudiará la coyuntura 'con el fin de equilibrar la oferta de juego con la demanda del mismo, en función de la peculiaridad geográfica y turística de la Comunidad Valenciana'.
Cierre de mercado
Esta situación supone de hecho un cierre del mercado actual, ya que únicamente se podrán instalar nuevas máquinas cuando se sustituyan las actuales por las que se vayan quedando obsoletas.
Esta decisión afectará tanto a los fabricantes de máquinas -que no podrán ampliar su parque en la Comunidad Valenciana- como a los empresarios de salones de juego, ya que impedirá la creación de nuevos espacios para este tipo de juego de azar.
Al mismo tiempo, la decisión de la Generalitat Valenciana también crea un mercado cautivo de licencias, ya que al no adjudicarse nuevas, los actuales poseedores de las mismas disponen de cierta ventaja en un mercado cerrado y eleva el valor teórico de las licencias antiguas.
En la Comunidad Valenciana el mercado de máquinas tragaperras está controlado por Cirsa y Franco, a través de dos empresas asociadas, Eleval y Codere, respectivamente, y la murciana Recreativos Orenes, a las que hay que añadir una decena más de pequeñas compañías. Según fuentes conocedoras del sector, cada licencia supone un ingreso para la Generalitat de 3.600 euros.