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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Los inversores y la confianza

La confianza en los mercados financieros ha pasado a ser un asunto de 'máxima prioridad política' para el Gobierno. La grave crisis que atraviesan las Bolsas está mermando de manera alarmante los ahorros de millones de españoles y ello está provocando un fuerte deterioro en la capacidad de consumo de las familias. Algo preocupante si se tiene en cuenta que hasta ahora buena parte del crecimiento económico se sustenta en el consumo. Pero además, la crisis bursátil está poniendo en cuarentena el capitalismo popular, uno de los fenómenos de los que más alardeó el Gobierno en la pretérita época de las privatizaciones.

El Ejecutivo, a través del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, acaba de hacer público un plan de acción para restablecer la confianza de los ahorradores en la Bolsa que incluye medidas en tres frentes distintos. La contabilidad, los conflictos de intereses y el buen gobierno de las empresas forman el trípode sobre el que descansa la iniciativa en ciernes. Una parte del trabajo ha quedado encomendada a la Comisión para la Transparencia de los Mercados, que, presidida por Enrique Aldama, deberá revisar el estado de cumplimiento y el grado de obsolescencia de los principios establecidos en su día por su predecesora, la Comisión Olivencia. En principio, el Gobierno parece decidido a convertir las recomendaciones de la comisión en normas. Queda por ver cómo se sustancia en la práctica este compromiso, pues de ello dependerá en buena parte que el inversor recupere la credibilidad en el buen gobierno de las empresas y en el correcto funcionamiento de los mercados.

La interrogante que se abre es si esta iniciativa obedece, como en otras ocasiones, al oportunismo político o no. El Gobierno tiene actualmente sobre la mesa un elevado número de medidas relacionadas con el funcionamiento de los mercados y las empresas que en ellos participan, algunas de las cuales, como la Ley Financiera, están en permanente estado de revisión en función de la coyuntura. Tras dos años de anteproyectos, borradores y trámites, el proyecto de ley se ha convertido en un cajón de sastre en el que han ido cayendo iniciativas de muy distinto cuño al compás de los sucesivos escándalos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, que se han producido en los últimos meses.

Se han retocado aspectos que afectan al régimen de la auditoría, se han incluido a marchas forzadas disposiciones sobre información privilegiada, se está trabajando sobre cuestiones relacionadas con la contabilidad de las empresas y, ahora, se aspira a regular ciertos requisitos relativos a las ofertas públicas de adquisición. Cuestiones cuya revisión, a la luz de los últimos escándalos, parece necesaria. No obstante, el Gobierno corre el riesgo de fracasar en su objetivo si no hace un esfuerzo por evitar el caos normativo y controla esa imperiosa tentación de salir al paso de cada problema concreto con una norma a la medida. La sobrerregulación es el mejor caldo de cultivo de la ineficacia.

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