El Gobierno ultima un plan de choque para recuperar la confianza del inversor
El Gobierno ha definido tres áreas clave donde se debe actuar para restablecer la confianza en los mercados de valores. Se trata de la contabilidad, de los conflictos de intereses y del buen gobierno de las empresas. El Ejecutivo ultima medidas en cada uno de estos tres ámbitos. 'La confianza en los mercados es una cuestión de máxima importancia política dada la cantidad de ahorradores que, directa o indirectamente, han depositado su dinero en las Bolsas', afirmó Rodrigo Rato, ministro de Economía.
Rato presentó en la sede de la CNMV la Comisión para la Transparencia de los Mercados, un grupo de expertos que en los próximos cuatro meses deberá elaborar propuestas de medidas para garantizar la transparencia y la seguridad de los mercados y las sociedades cotizadas. Estará presidida por Enrique Aldama, presidente del Consejo Empresarial para la Sociedad de la Información y consejero de Repsol y Tecnocom. Rato definió esta comisión como 'la más importante iniciativa' para restablecer la confianza de los mercados.
Trabajará en el área del buen gobierno empresarial, y abarcará las relaciones de las sociedades cotizadas con analistas, consultores y auditores; el estado del código de buen gobierno de las empresas, y el grado de cumplimiento de éste por parte de las sociedades cotizadas. 'Hay que ampliar la cantidad y calidad de la información sobre cómo se toman las decisiones en las empresas', afirmó Rato, 'porque éste será un punto fundamental para devolver la confianza a los inversores'.
También adelantó que el Gobierno facilitará la participación de los pequeños accionistas en las juntas generales, autorizando el voto a través de Internet. En esta misma línea, se espera que la CNMV extreme el control sobre las operaciones de compra de acciones que supongan el cambio en el control de una empresa, para evitar que, como ha sucedido este año, una compañía tome el control de otra sin lanzar una opa.
Por otra parte, Rato adelantó la presentación el lunes de un Libro Blanco sobre la contabilidad. Este trabajo, encargado por el Gobierno, pretende abrir un debate sobre cómo reformar la contabilidad para ampliar la información contable. Dicho libro prestará especial atención a las pequeñas y medianas empresas. De forma paralela, la Comisión Europea ha acordado armonizar su contabilidad a partir de las normas denominadas estándar contable internacional (IAS).
En la lucha contra los conflictos de intereses, el Ejecutivo prepara medidas que permitirán controlar exhaustivamente las relaciones entre bancos de inversión y sociedades cotizadas, para indagar si las recomendaciones de los bancos están influidas por el negocio que obtienen de las empresas.
En esta misma línea, se planteará la posibilidad de exigir que los consejeros independientes estén completamente separados de la gestión de la empresa, aunque no necesariamente de la propiedad. El Gobierno recomendará que la edad de los consejeros no supere los 70 años, pero no lo prohibirá salvo en el caso de las cajas de ahorros, dado su carácter semipúblico.
Una batalla que se libra en varios frentes
Rodrigo Rato hizo gala ayer de que varias de las medidas que ha puesto en marcha Estados Unidos para luchar contra el fraude empresarial son norma en España desde hace tiempo. Pero eso no ha evitado que el Gobierno haya desplegado en los últimos meses una amplia batería de mecanismos para tratar de evitar que se de en España un caso Enron o Worldcom y, sobre todo, de restaurar la confianza del inversor, debilitada tras Gescartera y BBVA.
La ley financiera se tropezó en pleno trámite con estos escándalos, además de con el caso Enron. Como consecuencia, ha sufrido un sinfín de retoques que incluyen las recomendaciones salidas de la comisión de investigación sobre Gescartera, que afectan a la labor de la CNMV y al trabajo de los auditores. Posteriormente se incluyeron enmiendas para que las firmas de Bolsa desvelen los conflictos de intereses con empresas cotizadas.
También en esta línea se incluyen cláusulas sobre la obligatoriedad de comunicar operaciones vinculadas y ciertas incompatibilidades entre auditoría y consultoría.
De forma paralela avanza la nueva normativa sobre opas. Las operaciones mediante las que ACS tomó el control de Dragados o Sacyr de Vallehermoso se produjeron sin que el pequeño accionista pudiese cobrar la jugosa prima que se embolsaron los grandes bancos. A partir de entonces se están barajando distintas posibilidades para evitar este tipo de situaciones.
La CNMV también se ha preocupado de la independencia de los consejeros independientes, y les ha recordado su papel uno a uno y por carta.
La participación de los accionistas pequeños en las juntas a través de Internet, el libro blanco de la contabilidad y la Comisión de Transparencia de los Mercados son las últimas iniciativas anunciadas en la pelea del Ejecutivo contra la desconfianza de los inversores.